El presidente de la Cámara Penal manifestó que el Decreto Ley 7-2011, de atención a las personas ví­ctimas de violencia, pese a estar vigente no cuenta con los recursos necesarios para brindar la paz adecuada a las personas afectadas, afirmando que la justicia debe ir ligada a la atención de la ví­ctima.

César Barrientos, titular de la Cámara Penal, comentó “las personas que han sido perjudicadas no necesariamente tienen que ser querellantes, ya que pueden opinar en el proceso con un trato respetuoso”.

También expresó que en Guatemala, tras el decreto ley, la ví­ctima del proceso penal da un cambio trascendente en el papel de las personas afectadas, porque si no se dan esos acontecimientos de participar activamente dentro de formato penal, difí­cilmente será escuchada y atendida como deberí­a de ser.

“El decreto legislativo trae a las ví­ctimas y las coloca como parte del proceso penal, lo que significa que no necesariamente tendrí­a que ser parte querellante adhesiva, por lo que dicho proceso se está abriendo a la solución del conflicto,” añadió Barrientos.

Asimismo, el decreto especifica que la persona ví­ctima debe ser reparada integralmente; ante esto, Barrientos dijo que hay un gran avance sobre la resocialización de la persona afectada –ubicándola en un lugar donde se encuentre segura–.

Sobre el decreto ley de atención a la ví­ctima, Barrientos indicó que, pese a estar vigente, este no cuenta con fondos, porque aún no ha sido aprobado.

“No hay recursos para atención a las ví­ctimas; desde ahí­ viene la obligación del sistema de justicia, porque de ahí­ deviene la paz y convivencia. No habrá paz si no se mejoran los sistemas de justicia. Porque no hay dinero para atender a las personas ví­ctimas de delitos”.

Se debe brindar los recursos necesarios para atender a los afectados, no hay red de seguridad si no se invierte en prevención del delito; las ví­ctimas no estarí­an en paz si no se trabaja la información con la confiabilidad en tema de seguridad personal.

El Estado debe escuchar a las personas afectadas por delitos, por lo que considera que este decreto debe atender las demandas de la población que ha sufrido violencia, prestando atención a sus discursos y promoviendo el presupuesto adecuado para su atención y reinserción social.

DECRETO

Dicho decreto fue creado para que la ví­ctima sea parte del proceso penal, debe ser atendida y tratada como tal, y no como querellante adhesivo.

El presupuesto que será designado para la atención a la ví­ctima, debe contemplar una instalación adecuada, infraestructura y mayor personal para una recepción de denuncias adecuada y con respeto a las personas afectadas.

UNIFICACIí“N

El Organismo Judicial inauguró el seminario “Estándares de calidad en la atención a la ví­ctima del delito”, así­ como sus avances y perspectivas.

Acuerdo interinstitucional con relación a la participación de la ví­ctima en el proceso penal guatemalteco.

El seminario se desarrolla en base al intercambio de experiencias, que además cuenta con estándares de calidad en atención de ví­ctima del delito. El cual tendrá la participación de organizaciones como Fundación Sobrevivientes, Centro de Investigación y apoyo a mujeres, Comisión Nacional de Prevención de Delito, además de contar con la participación de la fiscal del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz.