Los programas sociales de cinco ministerios gubernamentales y otras instituciones estatales serán fiscalizados por la Contralorí­a General de Cuentas, para evitar la corrupción en el manejo de los fondos asignados, los cuales según la contralora, abarcan el 50 por ciento de los Q56 mil millones del presupuesto vigente.

Para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción que se registra en los programas sociales de varios ministerios y otras instituciones descentralizadas y autónomas, Nora Segura, jefa de la Contralorí­a General de Cuentas de la Nación (CGC), anunció que dicha dependencia hará una auditorí­a especial en el área social.

Segura anunció la auditorí­a especial se hará en cinco ministerios y otras instituciones del Estado para fiscalizar los programas sociales, los cuales según ella, abarcan el 50 por ciento de los Q56.3 millardos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal vigente.

La funcionaria mencionó, en conferencia de prensa, que el Plan Integral de Fiscalización por la Transparencia es parte de su plan de trabajo, y coincide con constantes quejas sobre el presupuesto.

“Por mandato constitucional la CGC fiscaliza el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal y como resultado se rinde un informe anual al Congreso de la República”.

“Se va a evaluar toda aquella entidad que ha hecho gastos no pagados fuera del techo presupuestario; con esto, la contralorí­a va a fortalecer la transparencia y combate a la corrupción”, agregó Nora Segura, contralora general.

Los ministerios de Salud Pública, Educación, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Agricultura, Ganaderí­a y Alimentación y Gobernación, se encuentran dentro de las carteras por evaluar.

Mientras que dentro de las instituciones descentralizadas y autónomas se mencionaron  el Instituto de Fomento Municipal (Infom), Universidad de San Carlos (Usac), Empresa Portuaria Quetzal y otras, así­ como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Segura indicó, además, que se fiscalizarán algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), pero no indicó cuáles serí­an.

La contralora afirmó que se evaluará la calidad del gasto y que los recursos se estén ejecutando en el renglón que corresponde, pues señaló que ha constatado que la infraestructura pública está deteriorada, pese a contar con los recursos suficientes para el mantenimiento de la misma.

Para llevar a cabo esta fiscalización, se estarán contratando a 60 auditores aproximadamente, quienes estarán trabajando en el estudio el cual comenzará del 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, cuyos resultados se podrí­an estar presentando ante el pleno del Congreso de la República.

Asimismo agregó que esto es un trabajo adicional al que ya se está realizando, el cual consiste en el muestreo en el cual no se revelan algunos datos, como lo son el manejo de los fondos asignados.

“El objetivo de este, es de tener los resultados inmediatos, tener el informe ya oficializado al 30 de noviembre y dependiendo de qué resultados nos da, vamos a hacerlo público al Congreso de la República”, concluyó Segura.