Los lectores asiduos de La Hora conocen la reiterada sentencia de Oscar Clemente Marroquí­n respecto a que los guatemaltecos en vez de sangre tenemos horchata en las venas. Yo creo no llegamos a horchata, sino que es agua salada, porque aguantamos con indiferencia todas las barrabasadas de los gobiernos, incluyendo la corrupción y el tráfico de influencias, y las imposiciones unilaterales de algunos empresarios, especialmente extranjeros, que afectan nuestra ya deteriorada calidad de vida o perjudican los recursos naturales del paí­s.

Hace pocos dí­as abordé el caso de los azucareros que decidieron incrementar el precio del edulcorante, aduciendo que el alza obedece a que el azúcar es objeto de contrabando hacia el mercado mexicano, como si los consumidores fuéramos los responsables de esa irregularidad.
   Ninguna organización sindical ni los grupos de la sociedad civil, ni siquiera los empresarios que utilizan el azúcar para la elaboración de sus productos, mucho menos funcionarios del Ministerio de Economí­a, sin mencionar a la inoperante Diaco y la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, o, por lo menos, la Sociedad Protectora de Animales, elevaron la más tí­mida protesta, como si se tratara de un asunto que no concierne a los guatemaltecos.
   Los/as candidatos/as presidenciales, los diputados que buscan la reelección y los polí­ticos en general guardaron prudente silencio, al extremo de que ni el Santa Claus de Petén, que ha prometido descubrir el lado oculto de la Luna, se ha referido en sus locuaces intervenciones a ese incremento que constituye duro golpe a la empobrecida economí­a hogareña de los menos afortunados.
   Por su parte, los accionistas de la llamada Empresa Eléctrica de Guatemala (¡¿?!) han elevado las tarifas en el 22 % durante los últimos seis meses, lo que ha incrementado los costos de operación de pequeñas empresas y a los consumidores en general, fuera de que la Comisión Nacional de Energí­a Eléctrica ha anunciado un nuevo ajuste tarifario, con sus consiguientes consecuencias para la población.
   Por supuesto que tampoco ninguna organización cí­vica, académica o espiritista ha chistado palabra ante esos aumentos de la energí­a eléctrica, de la misma forma como la mayorí­a de los ambientalistas de escritorio agrupados en burocratizadas oenegés y que viven de los dólares o euros que reciben de sus padrinos de otros paí­ses, se han unificado para evitar que la empresa mexicana Tomza establezca una planta de gas licuado en el área de reserva Punta de Manabique, con la honrosa excepción de CALAS y otros dos o tres grupos similares, mientras el presidente Colom, quien ha disfrutado de los aviones de esa compañí­a gasera en sus viajes al extranjero, no tiene la dignidad ni la autoridad moral de destituir al secretario ejecutivo del Conap, un abogado que ha sido empleado de Tomza, por lo que es obvio deducir qué intereses defiende.
   Ahora resulta que otra empresa mexicana, que se conoce por su acrónimo de MARHNOS, que tiene en concesión la autopista Palí­n-Escuintla, anuncia que a partir del 25 de este mes incrementará sus tarifas, con la certeza de que todos los usuarios, hasta los soberbios empresarios del transporte terrestre y aun los propietarios de automóviles de uso familiar, agacharán la cabeza mansamente y agradecerán la generosidad de esa compañí­a por permitir el paso vehicular por ese tramo.
   (El abstencionista electoral Romualdo Tishudo exclama: ¡Ah generación de guatemaltecos tan débil y pusilánime!)