Por supuesto que si los polí­ticos quieren llegar al poder no pueden hablar mal del sistema que les permite la participación, pero es preocupante que siendo tan evidente que nuestro modelo polí­tico está agotado, ninguno de ellos menciona siquiera la necesidad de una profunda reforma del Estado para viabilizar esa fracasada transición a la democracia que se inició en 1985 y que nunca se llegó a concretar porque la presencia de poderes fácticos es superior a la importancia del pueblo soberano.

Serí­a como que alguien que quiere vender una casa se ponga a hablar pestes de ella, diciendo que se le cuela el agua, que el barrio se ha deteriorado, que no funciona la fosa séptica y que el ruido es atroz a cualquier hora del dí­a. Ni modo que ese vendedor honesto va a encontrar comprador para su inmueble. Lo mismo pasarí­a con un candidato que diga que el sistema está podrido y que no tiene remedio, al punto de que se hace obligado pensar en una especie de refundación de la República mediante un nuevo pacto social que nos permita reconstruir la institucionalidad democrática, y por ello todos nos pintan un futuro maravilloso con tal de que, simple y sencillamente, les demos el voto y confiemos en ellos.
 
  Pero la verdad verdadera, como decí­a Cerezo, es que el sistema se agotó porque del poder fáctico que fue el aparato represivo del Estado, ejercido tras bambalinas por el siempre todopoderoso Estado Mayor Presidencial que de hecho secuestraba a los presidentes para convertirlos en tí­teres, se pasó al poder fáctico de los financistas de las campañas quienes aportando dinero licito o ilí­cito, se aseguran el control de las diferentes dependencias del Estado para que se pongan a su servicio, sin que importe un pepino el interés general, no digamos el mandato electoral surgido de las urnas.
 
  Una reforma al sistema, de acuerdo a los cánones constitucionales, tendrí­a que pasar por el Congreso de la República y en ese caso, más vale decir “no gracias”, porque sabemos que lo que pase por el pleno de diputados será cualquier cosa, menos una reforma producto de un nuevo pacto social para hacer viable un modelo efectivamente democrático. Los diputados se nutren de las deficiencias del sistema que es lo que no sólo les permite llegar al Congreso y eternizarse allí­, sino que además hacer los negocios que convierten en un asunto tan lucrativo el ejercicio de la “representación nacional”.
 
  De suerte que un proceso de reforma por allí­ es impensable y no queda otro remedio que apelar a la necesidad de una Asamblea Constituyente que en ejercicio del poder soberano que le otorgue el pueblo, pueda realizar la más profunda y absoluta reforma del Estado, tomando como referente no sólo las aspiraciones democráticas (que ya estaban latentes en 1985), sino que también los errores cometidos entonces y que abrieron la puerta a la entronización de la pistocracia en el marco de un régimen de brutal impunidad.
 
  Pero yo tengo dudas de que el silencio de los candidatos y los partidos sea simplemente porque no resulte vendible la crí­tica al sistema. Más bien supongo que se trata de un sistema que a todos les resulta cómodo, tanto a los que están con probabilidad real de llegar como a los que están supuestamente sembrando para el futuro, puesto que en la medida en que puedan seguir confiando en las ventajas de venderle el alma al diablo, ninguno de ellos moverá un dedo para realizar los cambios estructurales que hacen falta.
 
  Este gobierno terminó de demostrar las profundas carencias del sistema, acaso porque haya sido uno de los más insolentes en el pago a los financistas, pero los ciudadanos tenemos que entender que el problema no apunta a mejorar, sino que cada vez va a ser mucho peor.