El 16 de abril de 2001, la Policía capturó a Walter Antonio Gualil Palma, quien actualmente es procesado por varios casos de violación y violencia contra la mujer. La fiscalía a cargo de la investigación detalló que este, aprovechando su alto puesto dentro de una empresa de seguridad privada, viajaba en su vehículo por diferentes calles de la zona 11, seleccionaba a sus víctimas a quienes amenazaba con una pistola y obligaba a subir al auto que conducía hasta cualquier autohotel. Una vez ahí, las obligaba a ver pornografía y, arma en mano, las coaccionaba a imitar lo que en la televisión veía.
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Ese mismo día se reportó la captura de Gustavo Adolfo Pirir García, sindicado de liderar un subgrupo de la Mara 18 y coordinar el atentado con un artefacto explosivo que terminó con la vida de nueve pasajeros de un bus extraurbano de las Rutas Quetzal y, además, destrozó la existencia de un humilde taxista arrebatándole brutalmente a sus hijos y esposa.
Ambos hechos coinciden en una imagen de obscena violencia, pero tienen otra característica común: las personas señaladas de hechos tan aborrecibles poseen alguno de los rangos obtenidos por su carrera militar. El primero había prestado servicio militar y el segundo era sargento del Ejército.
Esto me hizo recordar que a los 19 años conocí a Pedro, un quichelense que laboraba como guardia privado y con quien, por razones laborales, platicaba con mucha frecuencia. Pedro solía contarme algunas anécdotas de su servicio militar en la década de los ochentas. Aquel narrador incansable fue reclutado por la fuerza durante el período de las más brutales dictaduras militares de nuestro país.
Una de las anécdotas que sigue tan viva en mi mente, quizá por su crudeza, es la de la «gasolina». Pedro contó que mientras estaba en entrenamiento cometió «una falta» y su superior inmediato lo obligó a tomarse varios litros de gasolina. Pedro vomitaba, pero debía, por órdenes mayores, reponerse y seguir bebiendo. Aquel hombre de tez morena solía concluir que del Ejército (uso aquí sus propias palabras) «son contados los que no salen locos».
Luego, repasé el Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica que en el apartado de «La Educación en la Violencia», detalla que los soldados eran obligados a matar perros para después beberse la sangre.
A penas con estos elementos, la razón no puede sino trazar un vínculo intrínseco entre la «cultura», por así decirlo, del militarismo y las organizaciones criminales como el narcotráfico, el cual, por todos es sabido, recluta a ex militares para sus operaciones, pero, valga apuntar aquí que, esto no tiene que ver exclusivamente con el conocimiento y experiencia que estos puedan tener respecto al uso de armas, sino con el ensañamiento que son capaces de asumir para responder a los intereses de los líderes de las mafias, o los propios. Ellos tienen sangre de perro en su sangre.
La violencia de hoy es el resultado histórico de la impunidad que se procuraron los militares en los crímenes cometidos por el Ejército en el pasado.
Pretender que las políticas vinculadas con el militarismo vengan a resolver un problema de Estado, como la violencia actual, es como pensar que ante una plaga de ratas, sean soltadas cientos de víboras para que acaben con ellas. Con esto, el problema sólo será heredado a las próximas generaciones, con otra forma. Una peor. Una más sanguinaria.
A quienes aún defienden esa postura planteo: ¿Qué creen que ocurrirá mañana con las víboras que soltarán hoy? ¿Qué creen que harán los que continúen teniendo sangre de perro en su sangre? ¿Qué?