La agenda legislativa para los primeros tres meses del año contempla alrededor de 30 iniciativas de ley que quedaron pendientes, entre ellas se espera aprobar la de enriquecimiento ilí­cito, entre otras.

El dí­a de ayer se llevó a cabo la primera reunión del año de la instancia de Jefes de Bloque, ahí­ mismo se consensuó una agenda que contempla la discusión de 30 iniciativas de ley que quedaron pendientes de aprobación en su primera, segunda y tercera lectura.

Entre las primeras que se piensan priorizar en una agenda mí­nima está la Ley Antievasión II que la trabaja la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y busca contribuir con el financiamiento del presupuesto aprobado de este año, mencionó Ovidio Monzón jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, espera que la Ley contra el Enriquecimiento Ilí­cito logre aprobarse entre las distintas bancadas, «después de dos años se logró dar un dictamen favorable, actualmente se encuentra en su primer debate, lo que nos preocupa es la falta de voluntad polí­tica de parte de las demás bancadas».

Ante esto, Montenegro dio a conocer que su bancada trabajará intensamente en la Ley de Probidad Administrativa que se presentará a la población el próximo lunes 17 de enero.

«Esta propuesta será un complemento de la iniciativa de enriquecimiento ilí­cito ya que ayudará a fiscalizar efectivamente los bienes mal habidos que puedan tener los funcionarios públicos», agrega Montenegro.

AGENDA MíNIMA

Debido al extenso listado de iniciativas por aprobar, los Jefes de Bloque acordaron llevar al seno de cada partido el listado para que el lunes se pueda minimizar las prioridades.

También se menciona de fuerte manera la ley de transporte presentada por el partido Unionista «la razón de ser de esta ley es la seguridad del usuario», menciona el diputado Herbert Barragán

En el listado consensuado del pasado miércoles, se mencionan la aprobación de dos préstamos para los sectores de salud y justicia, las iniciativas para reformar el Código Municipal, la ley de Desarrollo Rural, reformas a la Ley de Amparos, entre otros.