Cobijados en la tradicional cantaleta del peligro de la expropiación de la tierra que supuestamente contemplaba la iniciativa de ley 4084 que creaba el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, la presión de los sectores más conservadores del paí­s dieron al traste con la propuesta consensuada entre las organizaciones campesinas que forman parte de la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI).

Nuevamente pudimos darnos cuenta cómo, en nuestro paí­s, la representación del dinero tiene más importancia que la voz de miles de hombres y mujeres campesinos que exigen polí­ticas públicas a favor de una vida digna, y no dirigidas, como hasta ahora, a que la estructura de la finca, que es injusta, racista y patriarcal, se consolide y se reproduzca en nuestro paí­s.

Desde su fundación, pero especialmente a partir de la Reforma Liberal y con el inicio de los gobiernos militares de la contra revolución, el Estado de Guatemala ha estado a favor de la concentración de la tierra a través del despojo de los recursos de los pueblos indí­genas. Además, ha propiciado que familias enteras se vean obligadas a ofrecer su fuerza de trabajo, a cambio de un sueldo miserable, a favor de finqueros que reciben millonarias ganancias como producto de la agroexportación. Durante los gobiernos liberales existieron leyes de vagancia para asegurar a la finca la mano de obra barata. Ahora, luego de 14 años de la firma de los Acuerdos de Paz, la pobreza y el desmantelamiento de la institucionalidad agraria mantienen las condiciones necesarias para que prevalezca el discurso sobre la generación de inversión como la mejor opción para el campo.

Mientras tanto, el inicio del año 2011 marca también el inicio del tercer año de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la misma desesperanza para el campo. A pesar que fue el voto del interior del paí­s el que decidió en 2003 la presidencia de ílvaro Colom, y que el mandatario iniciara su administración evocando a la Revolución de Octubre y a la memoria de varios personajes que lucharon y fueron asesinados por construir una sociedad más justa, con especial atención al campo, las familias campesinas se encuentran en la misma o en peor situación en que las dejaron los pasados gobiernos militares, neoliberales y empresariales.

El actual Gobierno de Colom se ha limitado a ofrecer como única polí­tica a favor del campo los programas de Cohesión Social. Es claro que no pueden objetarse los programas de transferencias condicionadas que permiten a las familias campesinas contar con una cantidad mí­nima de dinero para su alimentación, educación y salud, pero a tres años de la actual administración es necesario dar los primeros pasos hacia la implementación de una polí­tica agraria en donde se ponga atención a las necesidades de las comunidades rurales.

Durante los últimos tres años, la principal excusa del Gobierno fue la falta de recursos para implementar la Polí­tica Nacional de Desarrollo Rural; en el Congreso, a los diputados la iniciativa de ley 4084 les ha interesado poco. El campo entonces, ¿hasta cuándo debe esperar?