Todos los días hay muchos guatemaltecos que sufren los embates de la violencia y lloran la pérdida de un ser querido, pero no es común el caso de un padre que pierda a todos los miembros de su familia en un acto bárbaro como el que cometieron los pandilleros que se dedican a extorsionar cuando hicieron estallar una bomba incendiaria en un bus de rutas cortas. Ese crimen y sus dolorosas consecuencias, ha provocado una reacción de la sociedad guatemalteca que ahora se concentra en buscar las fórmulas para actuar efectivamente en el repudio a la inseguridad que sufrimos todos los habitantes del país.
El caso de la familia Cac y las dramáticas circunstancias que han marcado la vida de Jorge Cac, el taxista que dejó a su mujer y sus tres hijos en una parada de bus sin imaginar que sería la última vez que les vería enteros, ha sido una especie de aldabonazo en la conciencia de los guatemaltecos para que entendamos la necesidad de hacer un frente común contra la violencia. Ciertamente, y hay que reconocerlo, el año que pasó murieron asesinados menos guatemaltecos que el año 2009, siendo el primero de muchos en los que se produce por lo menos un freno al incremento que se venía dando de manera constante y sostenida, pero aún estamos demasiado lejos de poder sentir siquiera asomos de satisfacción. Se frenó la curva de incremento de la violencia, pero la cifra es aún terriblemente alta y no existen razones para pensar que pueda reducirse en forma notable en los próximos meses.
Ante el dolor de Jorge Cac, nos preguntamos qué puede hacer la sociedad y el individuo para contribuir de alguna manera no sólo a aplacar en alguna medida ese dolor que tiene que ser tremendo, sino también a evitar que situaciones similares se puedan repetir y, más aún, para que no sean tantas las familias que día a día tienen que llorar a sus muertos. Por supuesto que no hay repuesta fácil, pero sin duda que el camino tiene que ser para ejercer más presión a las autoridades para que den prioridad al diseño de una política de seguridad ciudadana que a partir de la lucha contra la impunidad nos devuelva la confianza de poder vivir en un país donde quien la hace, la pague.
Es responsabilidad de las autoridades enfrentar el flagelo y mantener una política integral de seguridad que nos permita combatir las distintas manifestaciones del crimen organizado. Pero tenemos que entender que las autoridades se han desentendido del problema porque no sienten la presión de opinión pública y por ello en tres años prácticamente nada hicieron. Hoy, con una presión fuerte y sostenida, les podemos obligar a actuar de otra manera.