Falta de presupuesto para la creación de un órgano jurisdiccional a fin de conocer los casos que estén dentro de la Ley de Extinción de Dominio, LED, obliga a que tres juzgados ordinarios del Organismo Judicial comiencen a conocer dichos procesos, por lo cual se prevé que aumente la mora jurídica.
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Luego de que el Congreso de la República aprobara la Ley de Extinción de Dominio (LED), que conocerá casos relacionados con el narcotráfico, el próximo 1 de julio cobra vigencia y serán los tribunales de justicia en donde se ventilarán los mismos.
Para evitar que estos procesos se entrampen, como ocurre con muchos tantos que llegan hasta el Organismo Judicial, se anunció la creación de tres Juzgados de LED; pero a pocos días que entre en vigencia dicha ley no se cuenta con los recursos suficientes para su creación.
Gabriel Gómez Méndez, Magistrado Vocal X, indicó que el Organismo Ejecutivo hizo una oferta a la CSJ de un traslado de fondos específico para la creación de este nuevo órgano jurisdiccional, el cual esperan que se concrete en las próximas semanas, pero para mientras esto se cumple, los juzgados Quinto, Octavo y Décimo, por el momento deberán conocer los nuevos casos, por lo que se les recargará el trabajo.
“Esperamos que sea por pocas semanasâ€; para ello se creó un artículo transitorio, el cual, según Gómez Méndez, indica que los tres juzgados antes mencionados conocerán de forma preliminar este tipo de casos, mientras se logran obtener los recursos para habilitar los juzgados. En eso se encuentra trabajando la Cámara Penal.
César Barrientos, magistrado de la Cámara Penal de la CSJ, indicó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó el acuerdo de la creación de los tres juzgados y que por la falta de recursos financieros se reunió con los tres jueces para analizar, no solo la ley, sino las diferentes necesidades para el proceso de implementación de la ley.
“Nos hemos reunido tres veces con los tres jueces y hemos establecido las necesidades administrativas para que ellos puedan laborar, pues tendrán nuevos casos con los que ya tienenâ€, finalizó Barrientos.
Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas de Guatemala, ICCPG, indicó que esta ley es de beneficio para Guatemala, ya que es una de las principales herramientas que el país necesita para luchar contra el crimen organizado, por lo tanto es una medida que es imprescindible y que no puede esperar más su entrada en vigencia.
Sin embargo, la falta de presupuesto para habilitar los juzgados especializados en esta materia, podría ser un obstáculo para la buena aplicación, “no basta solo la entrada en vigencia de la ley, sino es importante que se implemente toda la institucionalidad necesaria para que sea efectiva en su aplicaciónâ€, pues según Canteo, Guatemala es muy famosa por tener muchas leyes, pero casi siempre no se aplican.
“Esperamos que no pase a enfilar el grupo de leyes que están ahí durmiendo el sueño de los justos, que sea una ley con suficientes dientes, con suficientes elementos para que realmente pueda ayudar a las autoridades de justicia a luchar contra el crimen organizadoâ€.
El monto aproximado para la creación y funcionamiento de estos juzgados es de Q4 millones y medio, y contará con medidas de seguridad para los jueces, como los que tienen los de alto impacto, recalcó el magistrado.
En cuanto al nombramiento de los jueces que estarán al frente de estos juzgados, el magistrado Gabriel Gómez Méndez indicó que está a cargo de la Vicepresidencia de la República y se hará por medio de las comisiones de postulación.