El Movimiento Pro Justicia y otras organizaciones sociales solicitaron a las instituciones que nombran a los magistrados que durante los próximos cinco años integrarán la Corte de Constitucionalidad (CC), que realicen un proceso objetivo y transparente basado en los principios rectores de la Ley de Comisiones de Postulación, por lo que habrí­a discusiones públicas.

Durante los primeros meses del año, las instituciones que nombran a sus representantes deberán elegir a los abogados integrarán la CC, cinco titulares y cinco suplentes, que fungirán durante un perí­odo de cinco años a partir del 14 de abril.

Y el movimiento Pro Justicia, por medio de un comunicado, pide que las diferentes instituciones que tienen la facultad y obligación constitucional, debieran aplicar los principios que rigen la Ley de Comisiones de Postulación, por lo que todos los actos realizados deberí­an ser públicos.

Según la Constitución Polí­tica de la República, los órganos que deberán designar cada uno a un magistrado titular y un suplente son: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Presidente en Consejo de Ministros, Congreso de la República, Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Carmen Aí­da Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, explicó que «para que estos principios sean aplicados, la Ley de Comisiones de Postulación no hace referencia al nombramiento de magistrados de la CC, pero los principios son de observancia general, por lo tanto, es pertinente solicitarle a los entes electores que realicen un proceso en donde predomine la transparencia, publicidad y objetividad».

De esta forma «habrá un proceso de integración de la Corte para que los magistrados sean electos por sus cualidades éticas, profesionales, académicas, y que sean escogidos porque son los idóneos y porque tienen honorabilidad», dijo Ibarra.

Esta agrupación social también advierte por medio del documento enviado que «siendo este un año electoral, los temores respecto de la manipulación de las instituciones se incrementa» y existe el temor de que los grupos de interés pretendan subyugar a la CC.

«Para eventualmente controlar o influir en sus resoluciones, especialmente en temas relacionados con el ejercicio del poder público, la persecución penal de personas ligadas a la corrupción y la delincuencia organizada; y con aspectos vinculados a las elecciones generales, como la inscripción de candidatos y candidatas».

APOYAN MEDIDA

Mientras tanto, Marco Antonio Canteo, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, apoyó una medida de esta naturaleza «para lograr transparencia, lograr publicidad en el proceso y conseguir magistrados con honorabilidad».

También «mediante los principios de la Ley de Comisiones de Postulación, cada instancia deberí­a establecer un procedimiento público que permita la auditorí­a de la ciudadaní­a en el proceso, dar un espacio para que se conozcan públicamente los candidatos y la posibilidad de poder señalar si hay algunos impedimentos en contra de algunos candidatos», enfatizó Canteo.

Además, Estuardo Gálvez, rector de la Usac, dijo que propondrá al Consejo Superior Universitario que dicho proceso se base en la normativa vigente de postulación y de esta manera se promoverán los principios de transparencia, publicidad e idoneidad, mientras el Colegio de Abogados ya realizó la convocatoria para la elección; pero no se pudo confirmar si aprobarán la propuesta.