Un año después de que ETA anunció un alto el fuego permanente, roto nueve meses más tarde con un atentado en el aeropuerto de Barajas con saldo de dos ecuatorianos muertos, las posibilidades de lograr una salida negociada a 40 años de terrorismo, pende de un hilo, según expertos.
El atentado del 30 de diciembre en la terminal 4 del aeropuerto madrileño, hizo volar en pedazos la esperanza de paz que había generado en España la organización separatista armada vasca al anunciar el 22 de marzo de 2006 un cese el fuego permanente presentado como el preludio en la búsqueda de una «solución democrática» a lo que denominan el «conflicto vasco».
Ese ataque sin aviso previo, puso seriamente en tela de juicio la voluntad real de ETA de renunciar a la lucha armada y redujo el margen de maniobra del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, sometido, de por sí, a una fuerte presión de la opinión pública y a los ataques incesantes de la derecha española.
Días después del atentado de Barajas y tras un momento de duda, Zapatero sólo pudo poner «punto final» a un «proceso de paz» que convirtió en prioridad de su gobierno tras su llegada al poder en abril de 2004.
Enseguida matizó ese «punto final», reafirmando su «determinación intacta» en terminar con la violencia de ETA que en casi 40 años de enfrentamiento contra el Estado español mató a 819 muertos.
«Es ETA la que tiene que pronunciarse. Está en un ’impasse’ y lo sabe», estima el periodista vasco Gorka Landaburu, director del semanario de centroizquierda Cambio 16.
El desoncierto fue mayor cuando ETA reivindicó el atentado, lamentando los muertos que causó y aseguró que el alto el fuego seguía «en vigor».
Desde entonces, silencio.
«Zapatero estaría dispuesto, en un contexto de total seguridad, a reactivar un proceso de paz dentro de algunos meses, pero para ello, ETA debe garantizar que se acabó», añde Landaburu.
Desde hace varios días, en las redacciones y los partidos políticos españoles circulan rumores sobre un inminente comunicado de ETA que aclararía o modificaría los datos ya conocidos.
Los optimistas esperan que el atentado de Barajas, llevado a cabo bajo la presión de los duros de ETA, habrá vuelto a poner en su lugar a los «pragmáticos» del ala política dirigida por Josú Ternera.
Los pesimistas, como el jefe de redacción de la agencia de prensa vasca Vasco Press, Florencio Domínguez, consideran «muy poco probable» que ETA emita una declaración renunciando definitivamente a la violencia si no hay una contrapartida política.
Cuando faltan pocas semanas para las elecciones municipales del 27 de mayo, las «semanas que vienen van a ser decisivas», estimó un actor clave de este proceso que pidió el anonimato.
La formación radical vasca Batasuna, brazo político de ETA, ilegalizada desde marzo de 2003 por el Tribunal Supremo español, insiste en forzar la marcha para participar en esos comicios, habida cuenta de que en las elecciones de 2001 logró el 10,12% de los votos en el País Vasco (norte).
Después de la tregua de ETA, la segunda gran etapa del proceso era la vuelta a la legalidad de Batasuna, según los planes del gobierno central, que después preveía abordar la reforma del estatuto de autonomía vasco.
Tras el atentado de Barajas, el líder y portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, se distanció reiteradamente de la violencia, llegando a afirmar que sería un «error» buscar la independencia del País Vasco mediante la lucha armada.
Pero el atentado del 30 de diciembre aumentó sensiblemente el nivel de exigencia del gobierno socialista, que exige a Batasuna el cumplimiento «al pie de la letra» de la ley de partidos, es decir, que condene explícitamente la violencia para poder ir a las urnas, un paso que esta formación abertzale (radical) no parece muy dispuesta a dar.
Batasuna podría saltar ese obstáculo, intentando presentarse a los comicios con «listas cívicas» de candidatos sin una denominación oficial.
«Si no están de alguna manera, ETA podría romper su tregua y volver a la lucha armada», estimó Florencio Domínguez.