Asimismo, después de atravesar la frontera de Guatemala y llegar a Tapachula, cientos de mujeres y hombres -no se sabe exactamente el número de indocumentados-, con un promedio de edad entre 12 y 18 años, se desempeñan como trabajadoras domésticas y en la economí­a informal (vendedores de dulces o ropa y lustradores). Son guatemaltecas y guatemaltecos realizando actividades para lograr un ingreso económico que en su paí­s no pueden obtener. La presencia de niñas y niños de nacionalidad guatemalteca en prostí­bulos de municipios cercanos a la frontera, en Guatemala y México, impacta la dignidad de cualquier ser humano. Son ví­ctimas de la trata de personas. Han sido secuestrados para trasladarlos a esos lugares o por medio de fraudes y engaños. Otros son obligados a vender drogas. Son menores de edad con graves implicaciones fí­sicas y psicológicas. ¿La policí­a desconoce la realidad de los lupanares fronterizos? La existencia de casi un millón de niños y niñas trabajando en las ciudades guatemaltecas, en la mayorí­a de los casos desarrollando actividades peligrosas, obliga a revisar su presencia en casas donde elaboran cohetes o picando piedras, para citar con brevedad. Por esta razón, serí­a importante conocer los criterios de las autoridades y aplicar el Convenio 182 -aprobado por Guatemala- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en especial cuando señala: «Prestar la asistencia directa, necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social». En el texto Entendiendo el trabajo infantil en Guatemala, editado por el Instituto Nacional de Estadí­stica se afirma: «(…) 507,000 niñas y niños trabajadores están entre los 7 y 14 años de edad». Este aspecto también significa destacar a menores de edad que ayudan en negocios familiares sin recibir salario, quienes realizan jornadas laborales en sus casas, y la cantidad de adolescentes, entre ellos, lustradores, cuidadores de carros o pidiendo limosna en las calles. Esta explotación a menores de edad afecta la Convención internacional sobre los derechos del niño, así­ como el Convenio 138 de la OIT relativo a la Edad mí­nima de admisión al empleo. En la actualidad, la población menor de edad vive condiciones de inseguridad en Guatemala. Este hecho explica que es necesario adoptar medidas integrales de control, sanción y prevención para enfrentar acciones violentas contra la integridad fí­sica, sexual y emocional de ese sector de la población. Las penas privativas de libertad deben aplicarse a los explotadores y traficantes de seres humanos para responder en proporcionalidad al daño que han causado a menores de edad. Los derechos de la niñez deben impulsarse para que sean una forma cotidiana de vivir.