Medio siglo después de la firma del Tratado de Roma, Bruselas se ha convertido en la capital indiscutida de Europa y una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, aunque ese estatuto no ha bastado para reconciliar a sus habitantes de siempre con el «barrio europeo» ni con los eurócratas.
Durante mucho tiempo, Bruselas sólo era una de las capitales europeas, junto con Luxemburgo y sobre todo Estrasburgo (este de Francia), una rivalidad mantenida por los tratados europeos.
Pero hoy en día, la casi totalidad de las reuniones formales de los 27 -incluyendo las cumbres- tienen lugar en Bruselas y la Comisión Europea, la institución europea más grande, emplea 19 mil personas.
La excepción son las reuniones tres veces por año de los consejos de ministros en Luxemburgo, mientras que los eurodiputados conservan un pie en Estrasburgo, con sesiones plenarias mensuales, aunque muchos militan para suprimir esos viajes.
Sin dudas, la capital belga se vio beneficiada con el reforzamiento de su estatuto europeo: los 54.000 empleados de las instituciones y organizaciones internacionales que giran en torno a ellas -un total de 100.000 personas, familias incluidas- producen el 14% del PIB de Bruselas.
Esta cifra supera la de la industria (8%), subraya Christian Vandermotten, profesor de la Universidad Libre de Bruselas y responsable de un estudio sobre el impacto de la UE en la capital belga.
Bruselas «sólo está inserta en los círculos de los negocios mundiales porque la UE está allí», constata Vandermotten.
Gracias a esta condición, la ciudad dispone de múltiples conexiones aéreas internacionales, pese a que su aeropuerto no figura entre los más grandes de Europa.
Esto contribuye además a hacer de Bruselas una de las ciudades más internacionales del mundo, con cerca de 30% de extranjeros sobre un millón de habitantes.
Desde la llegada a la UE de los países del Este en 2004, el abanico de las nacionalidades no ha hecho más que agrandarse. Sus ciudadanos -con los polacos y los rumanos a la cabeza- representan cerca del 4% de la población, contra 0,8% en 2001.
Si a los autóctonos de Bruselas les gusta esta diversidad, muchos siguen mirando con recelo al «barrio europeo», donde se concentran las instituciones y las organizaciones internacionales.
Este barrio ilustra a la perfección la palabra «bruselización», sinónimo de destrucción de las calles pintorescas de la ciudad por los promotores inmobiliarios en los años 60.
Porque fue en esta parte de Bruselas donde fueron arrasadas cientos de residencias, algunas de ellas creadas por figuras del Art Nouveau como Horta o Van de Velde, para abrir paso a la sede de la Comisión Europea, el Berlaymont, o el Justus Lipsius, gran bloque austero donde se reúnen los 27.
Atravesado por grandes avenidas, invadido por oficinas, este barrio «estalinista» muestra la «falta de visión» de las autoridades de Bruselas desde los años 60, indica Franí§ois Schuiten, célebre autor de historietas que en muchas ocasiones tienen como escenario la mutación de la ciudad.
Este diagnóstico es compartido al más alto nivel y dio lugar al nombramiento a fines de 2005 de una «Señora Europa», Marie-Laure Roggemans, encargada de devolver la vida al barrio europeo en asociación con la región de Bruselas y la UE.
Pero para reconciliar a los autóctonos con la UE, Roggemans también querría enfrentar el aislamiento de los funcionarios europeos, que tienen accesos a guarderías y escuelas europeas, una fuente de frustración y celo para los locales, que acusan a los eurócratas de empujar hacia arriba los precios inmobiliarios.
La Unión Europea sólo puede actuar dentro del límite de las competencias que le delegaron sus Estados miembros, principalmente a través de los tratados de Roma (1957) y Maastricht (1992), en cuestiones como competencia, tasas de interés o cuotas de pesca.
Al contrario del proyecto de Constitución Europea, que aclaraba la delimitación de las diferentes competencias de la UE y los Estados miembros, esos dos tratados no especifican área por área las cuestiones que corresponden a uno y otros.
Pero la jurisprudencia de la Corte Europea de Justicia ha permitido con el correr de los años distinguir tres categorías: las competencias exclusivas de la UE, las competencias compartidas y las competencias de apoyo:
– LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS:
Unión aduanera, establecimiento de las reglas de competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interno, política monetaria (para los 13 Estados que adoptaron el euro), conservación de los recursos biológicos del mar, política comercial común.
En todas estas áreas, los Estados miembros no tienen derecho a actuar a nivel nacional aunque forman parte del proceso de toma de decisión en el seno de consejo de ministros, con excepción de la política monetaria, reservada al Banco Central Europeo.
– LAS COMPETENCIAS COMPARTIDAS:
Mercado interno, política social, agricultura y pesca, medio ambiente, protección de lo consumidores, transporte, energía, visados, asilo, inmigración ilegal, cooperación judicial.
Los Estados miembros pueden legislar en esas materias mientras la UE no lo haga. A partir de ese momento, ya no pueden actuar en forma unilateral.
Según el principio de «subsidiariedad», la UE sólo debe actuar cuando su acción es más eficaz que una acción a nivel nacional.
– LAS COMPETENCIAS DE APOYO:
Salud, industria, cultura, educación, formación profesional, investigación, cohesión económica y social.
En estas áreas, la UE sólo tiene por misión coordinar y alentar la acción de los Estados miembros que son los responsables de legislar.
La política exterior ocupa un lugar especial en este reparto de competencias, vinculada a un modo de toma de decisión intergubernamental. Esto significa que son los Estados miembros los que deciden en forma unánime sobre posiciones comunes, estrategias conjuntas o «cooperaciones reforzadas».
Para avanzar a una verdadera política común, la Constitución preveía la creación de un ministro europeo de Relaciones Exteriores, encargado de ser la voz de la UE en esa área y la de seguridad.