ONGs y gobierno de varios continentes, entre ellos América Latina, reunidos esta semana en Bruselas en una asamblea sobre el agua en el Europarlamento se manifestaron por reconocer el acceso a este recurso como un «derecho», estimando que la gestión de este «bien común» no debía, bajo ningún caso, quedar en manos de empresas privadas.
«El acceso al agua potable para todos y cada uno en nuestros respectivos países es un derecho fundamental. Para nosotros el agua es la vida. Establecer el derecho al agua es otra forma de reconocer el derecho a la vida ya instaurado por Naciones Unidas», dijo el ministro boliviano del Agua, Abel Mamani, en el cierre de la asamblea el martes.
«Reconozcamos al agua como derecho humano», lanzó el ministro, en vísperas del Día Mundial del Agua.
De su lado, el ministro italiano de Medio Ambiente subrayó la necesidad de reconocer al agua como un «bien común», al considerar que se trata de un recurso «semi precioso».
Los representantes de la ONGs, electos locales y empresas públicas del agua se pusieron como principal objetivo el reconocimiento de ese derecho a nivel internacional.
«Nuestro objetivo es que el 10 de diciembre de 2008, 60 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos, el agua sea reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como un ’derecho humano’», declaró en ese sentido Riccardo Petrella, fundador de la asociación para un contrato mundial del agua.
Durante el último Foro Mundial del Agua en marzo de 2006, la sensible cuestión del acceso al agua como derecho humano había sido evocado, pero nunca en las sesiones oficiales, por pedido de México, anfitrión del encuentro.
Al proclamarse gran defensor de esta causa, Petrella explicó que el ejercicio de ese derecho universal, «esencial para toda forma de vida», pasaba por el final de la «comercialización» del agua.
«El gobierno no tiene ningún derecho a confiar a lógicas privadas la administración de un derecho humano y un bien común. Todos estamos comprometidos para luchar para que la gestión sea confiada, allí donde lo es, al sector público, y rechazar todo mantenimiento o nueva concesión al sector privado», indicó.
Incluso si el 90% de los servicio de agua a nivel mundial son públicos, los participantes de la asamblea estimaron que esa cifra es insuficiente, al tiempo se pronunciaron para que las inversiones necesarias para el abastecimiento en agua, menos importante de lo previsto, sean garantizadas sin las empresas privadas.
En ese marco, y según la asamblea, con «menos de 50.000 millones de euros anuales» para brindar una cantidad vital de 50 litros de agua por día «a cada uno de los 1.200 millones de personas que carecen de ella».