Falta de elementos de seguridad provocó que el estado de sitio no fuera impuesto simultáneamente en al menos cuatro departamentos, así­ lo aseguró el presidente ílvaro Colom, quien además espera poder contener la reacción de los narcotraficantes.

Durante una actividad pública, el mandatario se refirió al estado de sitio impuesto en Cobán, Alta Verapaz, e indicó que el hecho de no imponer esta medida en los cuatro departamentos más afectados por el narcotráfico, se debe a que no se tienen suficientes soldados y policí­as para esta acción, «si lo pudiéramos hacer lo habrí­amos hecho», aseguró.

Por ello, según explicó Colom, se continúa trabajando para que este año se puedan graduar más elementos castrenses y de la Policí­a Nacional Civil y con ello dejar 21 mil soldados al servicio del próximo Gobierno.

Ayer el mandatario indicó que no se descarta imponer esta medida en San Marcos, Izabal y Zacapa, sin embargo, no detalló cuándo, ni por cuánto tiempo, se podrí­a iniciar con los operativos.

REACCIONES

Reacciones del crimen organizado son esperadas por el gobernante debido a la medida que se ha tomado, pero, Colom espera poder contener la respuesta de los narcotraficantes, «ellos siempre reaccionan de alguna manera, pero esperemos que esta vez no, está bien cuidada toda esa área», dijo.

Por otro lado, ante crí­ticas de la sociedad civil, sobre que se violarí­an Derechos Humanos durante el estado de sitio, Colom aseguró que se han dado instrucciones precisas para que se prioricen dos situaciones; que la información fluya permanentemente y que no se cometa ningún exceso tomando como excusa esta medida.

Con el decreto 23-2010 se declara el estado de sitio con una vigencia de 30 dí­as, en este tiempo cesarán los derechos de libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho a reunión y manifestación y portación de armas.

«El estado de sitio se decreta en virtud que durante los últimos dí­as se han suscitado en el departamento de Alta Verapaz, una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas», dice la publicación.