Como ahora resulta que todo presunto ladrón, narcotraficante, secuestrador y demás persona ligada a algún hecho delictivo, pertenece a la banda de los «zetas», el presidente ílvaro Colom, en Consejo de Ministros, decidió declarar estado de sitio en todo el departamento de Alta Verapaz.

Entre los considerandos contenidos en el Decreto 23-2010, que declara el Estado de Sitio, se señala que en Alta Verapaz «se han realizado una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona».

Así­, durante 30 dí­as, algunas de las garantí­as constitucionales más importantes quedaron suspendidas: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas.

A un dí­a de haber sido aprobada, es difí­cil hacer una valoración sobre los resultados de esta medida. Sin embargo, de entrada, no puede generar más que desconfianza, ya que el Estado de Sitio, aunque es una disposición que se encuentra contenida en la Constitución Polí­tica de la República y en la Ley de Orden Público, representa un recurso arcaico, obsoleto y con capacidades í­nfimas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Malos recuerdos tenemos, por ejemplo, de los estados de excepción decretados durante el gobierno de í“scar Berger en varias regiones de San Marcos. Además de obtener fotos de policí­as destruyendo plantaciones ilegales y de varias personas detenidas, no se obtuvo mayor cosa. En cambio, fueron abundantes las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos contra la población civil que pudieron haber cometido policí­as e integrantes del Ejército en el marco de la suspensión de las garantí­as constitucionales.

Preocupa la aprobación de un Estado de Sitio en Guatemala, cuando sabemos que nuestra historia reciente está llena de hechos que demuestran que las fuerzas de seguridad de nuestro paí­s se han dedicado a combatir a todos, menos a los que debe.

Ahí­ tenemos un poder civil que, pese a las disposiciones de los Acuerdos de Paz para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, no se ha fortalecido; la Policí­a Nacional Civil, pese al esfuerzo reciente por reformarla, todaví­a no cuenta con la confianza de la población. ¿Y qué decir del Ejército, protagonista de la represión durante los años del conflicto armado en las comunidades rurales e indí­genas? La institución castrense se ha dedicado a cualquier otra cosa antes que a defender la soberaní­a nacional: las fronteras de Guatemala son prácticamente corredores libres para el narcotráfico. Entonces, ¿cómo es posible que el Gobierno todaví­a crea que decretar un Estado de Sitio es una medida inteligente para combatir la violencia?

Parece que la actual administración ha optado por el camino más fácil y por el que más llama la atención de la agenda mediática. Acá viene el actual Gobierno, empeñado en repetir lo que ya se ha hecho y, si no fuera por el trabajo de algunas personas dentro de las instituciones de seguridad y justicia, el ofrecimiento de combatir la violencia con inteligencia ya estarí­a prácticamente caduco.

Les preparan el camino para los que vienen pregonando, además de violencia, el terror. Ahí­, en los resultados de este estado de sitio, sacarán sus propias conclusiones para ofrecer nuevamente la militarización del paí­s, la pena de muerte, los jueces sin rostro, la detención de jóvenes en cuarteles militares… de todo, cuando las soluciones para el problema del narcotráfico, aún no se presentan.