Un grupo de sicarios mató a una mujer que hacía tres días reclamaba justicia para su hija asesinada frente a las oficinas del gobernador de Chihuahua, un crimen cuyas imágenes, tomadas por cámaras de vigilancia, fueron transmitidas una y otra vez por la televisión nacional.
Varios hombres enmascarados llegaron en un auto el jueves por la noche y le dispararon en la cabeza a Marisela Escobedo Ortiz frente a la gobernación en Chihuahua, capital del estado norteño del mismo nombre, dijo Jorge González, procurador especial para la prevención del delito.
Escenas tomadas por las cámaras de seguridad mostraban a los sicarios cuando descendían del auto mientras Escobedo corría por la calle hacia el edificio de la gobernación. Uno de los sicarios la persiguió y le disparó.
El asesinato despertó indignación en México. Un grupo de mujeres exigió justicia frente a la sede de la procuraduría estatal en Ciudad Juárez y el reconocido activista contra el crimen Alejandro Martí dijo que la muerte «revela que en México la víctima sufre».
El asesinato también resultó en la suspensión de los tres jueces estatales que habían liberado al principal sospechoso de la muerte de la hija de 17 años de Escobedo Ortiz, Sergio Barraza, quien ahora se presume estuvo involucrado en el nuevo asesinato.
Los investigadores creen que uno de los atacantes es Barraza, que fue absuelto del primer crimen en abril por falta de pruebas, dijo Carlos González, vocero de la procuraduría estatal.
Una ambulancia recogió a Escobedo con vida, pero la mujer murió en el hospital a poco de llegar.
Escobedo reclamaba castigo para el responsable de la muerte de su hija Rubi Frayre Escobedo, cuyo cuerpo quemado y mutilado apareció en agosto de 2008 en Ciudad Juárez, una de las ciudades más afectadas por la violencia en México, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.
La madre realizó varias manifestaciones y en una ocasión apareció sin ropa, envuelta en una bandera con la foto de su hija.
Hace tres días, Escobedo se plantó frente a las oficinas del gobernador César Duarte y juró no abandonar el lugar hasta que los investigadores demostraran que había avances en el caso. En una entrevista con el periódico El Diario, Escobedo dijo el domingo pasado que había recibido amenazas de muerte de la familia Barraza.
El gobernador Duarte dijo que se habían asignado custodios para proteger a Escobedo, aunque lo hacían desde lejos, y que se investigaría por qué no evitaron el crimen. También pidió la suspensión de los jueces que liberaron a Barraza.
El viernes, el presidente de la corte estatal Javier Ramírez Benítez dijo que los magistrados quedaban suspendidos mientras se los investigaba. Ramírez Benítez dijo que una comisión había determinado hace unos meses que el caso de Frayre Escobedo no se manejó en forma adecuada.
La policía nunca pudo descubrir el motivo del asesinato de la menor de edad.
Los fiscales dijeron que Barraza, quien vivía con la joven y era su novio, confesó haberla matado e incluso llevó a la policía hasta el lugar donde estaba el cuerpo, pero en el juicio se declaró inocente y alegó que lo habían torturado para que confesara. Un juez falló en abril que no había pruebas materiales en su contra.
El caso es un ejemplo de los problemas del sistema judicial en el estado de Chihuahua, uno de los primeros en México que adoptan los juicios orales en lugar del sistema de interrogatorios a puerta cerrada y presentación de documentos interminables que constituyen la mayoría de los juicios mexicanos.
A pesar de haber recibido entrenamiento en los nuevos procesos, la policía y los fiscales de Chihuahua han tenido dificultades para adaptarse a un sistema que impone la carga de las pruebas a los fiscales.
Muchos casos de homicidios han sido desechados por falta de pruebas o nunca llegan a juicio. A menudo, la policía se basa exclusivamente en confesiones, que los sospechosos alegan más tarde que fueron hechas bajo coacción. Los sospechosos recién capturados en gran parte de México aparecen ante la prensa con rostros magullados.
Documentos obtenidos por The Associated Press muestran que el año pasado, cuando 2.600 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez, los fiscales presentaron 93 casos de homicidios pero sólo obtuvieron 19 condenas.