La Audiencia Nacional de España otorgó una fianza de 100 mil euros a Carlos Vielmann Montes, ex ministro de Gobernación de Guatemala procesado por un delito de lesa humanidad en ese país europeo.
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La Policía española aprehendió a Vielmann esta mañana en su residencia ubicada en Madrid, luego de la solicitud de captura que efectuó la fiscalía de la Audiencia Nacional de España, ante la cual presentó su primera declaración.
El ex ministro de Gobernación fue dejado en libertad y se le impuso el plazo de una semana para pagar la fianza fijada por el juez Fernando Grande-Marlaska, y de no cancelarla regresaría a prisión en ese país.
La defensa de Vielmann en Guatemala alega que los juzgadores españoles se encuentran en una paradoja legal, ya que deben resolver dos solicitudes realizadas por la misma instancia y las cuales son contradictorias.
FIANZA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de España indagó durante dos horas a Vielmann, después que este fuera aprehendido por la Policía española a las 8:30 de la mañana en Madrid.
La fiscalía de la Audiencia Nacional Española, representada por el abogado Pedro Martínez, solicitó al juzgador que dictara prisión preventiva contra el ex funcionario guatemalteco, sin embargo, este no accedió a esa petición y dejó en libertad a Vielmann.
La fianza impuesta por la judicatura española fue de 100 mil euros además de firmar el libro de asistencia en la Audiencia Nacional española cada lunes y arraigo; asimismo le retiró el pasaporte para asegurar su presencia en la ciudad de Madrid.
PAGARí
Francisco Palomo, abogado defensor de Vielmann en Guatemala, dijo que si el ex ministro de Gobernación «no ha pagado a esta hora la fianza va a pagarla en poco tiempo». Palomo explicó que la fianza impuesta por la Audiencia Nacional de España no tiene que ver con el delito que se le imputa a Vielmann y que sólo es impuesta para garantizar que el sindicado va a presentarse a las audiencias posteriores.
Sin embargo, el abogado entrevistado hizo énfasis en que: «los jueces españoles tienen ante sí dos peticiones contradictorias hechas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así que pronto tendrán que decidir qué hacen».
A criterio de Palomo, las peticiones de CICIG son «paradójicas» porque «en una piden que se los manden y en la otra que lo metan preso allá», lo que a su criterio es una doble persecución penal.
El jurista consideró finalmente que los jueces españoles deberían darle prioridad al juicio ya iniciado en ese país, pero que a su criterio el juicio debería ser en Guatemala.
ACUSACIí“N
El memorial de acusación leído esta mañana en contra de Vielmann refiere que este autorizó y supervisó la creación de una estructura criminal paralela que habría ejecutado extrajudicialmente a diez privados de libertad de las cárceles El Infiernito, Escuintla, y Pavón durante su gestión en Guatemala en el año 2006.
La CICIG fue la instancia que accionó en contra del ex ministro de Gobernación al considerar que la doble nacionalidad de este otorga la competencia para perseguir el delito de lesa humanidad que le es imputado a Vielmann.
El vicepresidente Rafael Espada se refirió a la captura y proceso legal que se sigue en contra del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, señalando que espera que se cumpla con las leyes, tanto nacionales como internacionales. Además, asegura que respeta el proceso jurídico.
Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos, en alusión a la libertad de Carlos Vielmann, criticó que no le parece justo que en Guatemala hayan dos clases de delincuentes y mientras a unos se les perdona todo lo que hagan, hay otros casos «absurdos», -de los cuales ha sido testigo-, en los que por diez quetzales los sindicados cumplen condenas de hasta siete años de prisión.
El procurador además insistió en que «nadie niega que no se cometieron crímenes, si no que todos dicen no fui», pero resaltó que confía en la justicia, española o guatemalteca, para que se puedan esclarecer los actos que se cometieron y espera que las personas que tengan responsabilidad sean sancionadas.