Un 50% de los cinco millones de trabajadores cubanos no tendrá como patrón al Estado en 2015 con la apertura de pequeños negocios y cooperativas, según cálculos del gobierno, que buscará evitar el enriquecimiento de los nuevos empresarios con altos impuestos.
Al rendir informe en el Parlamento, que sesiona este jueves por segundo día, la ministra de Finanzas, Lina Pedraza, estimó que «hasta el 2015 se incorporarán al sector no estatal aproximadamente 1,8 millones de personas en las nuevas formas de gestión».
Con esa meta, el sector no estatal, actualmente de 824.000 trabajadores (15% de la fuerza laboral) se triplicaría en 2015, al pasar a unos 2,6 millones, poco más de la mitad de los cinco millones de empleados en una población total de 11,2 millones de cubanos.
El presidente Raúl Castro, que encabeza la sesión legislativa, impulsa un plan de reformas para hacer eficiente la economía -controlada en más 90% por el Estado- que incluye el recorte de 500.000 empleos estatales antes de abril, en un proceso que abarcará más de un millón en los próximos años.
El gobierno autorizó en octubre la apertura de licencias para 178 oficios, en pequeñas y medianas empresas y cooperativas urbanas, como restaurantes, talleres, peluquerías o gimnasios, a fin de que absorban a buena parte de los desempleados.
De los 825.000 del sector no estatal, actualmente sólo unos 144.000 tienen esos negocios, unos 232.000 conforman cooperativas agrícolas -en Cuba no se consideran trabajo privado- y el resto son pequeños propietarios de parcelas.
La ampliación del trabajo privado estimuló la iniciativa empresarial de los cubanos. Desde octubre, que se abrieron las licencias, más de 80.000 acudieron a solicitarlas y otras 20.000 se mostraron interesados.
La reforma económica de Raúl Castro, que busca eficiencia y desestatizar la economía, contempla también la entrega en usufructo de parcelas de tierra cultivable, autonomía a las empresas estatales, la eliminación de subsidios estatales y apertura a la inversión extranjera.
Pero Raúl Castro insiste que sus cambios son para «actualizar» el modelo socialista, y descarta un tránsito al capitalismo, por lo que se evitará el enriquecimiento de los nuevos empresarios y la concentración de la propiedad.
«El sistema impositivo debe regular y desestimular la concentración de la propiedad en la personas jurídicas y naturales, y hemos propuesto vías financieras para regular que no exista concentración de la propiedad, de la riqueza», dijo Pedraza.
La ministra señaló que la carga impositiva que enfrentarán los nuevos empresarios será más fuerte según crezca el número de empleados, al punto de hacer irrentable a una gran empresa privada.
Los trabajadores por «cuenta propia» deberán pagarán un impuesto de renta de 25% al 50%, un 10% sobre ventas o servicios, un 25% por contratación de fuerza de trabajo y un 25% de contribución obligatoria al seguro social.
Esas limitaciones desataron críticas en la ilegal oposición política. «Quieren hacer cambios para que no cambie nada, crear entidades o trabajadores bonsai, que no se acaban de desarrollar», dijo el economista disidente Oscar Espinosa.
El gobierno también señala que quienes sean cesados en sus plazas pueden trabajar en la construcción o agricultura, y los más especializados en otros países, como las misiones médicas que generan unos 6.000 millones de dólares anuales, principal fuente de ingresos del país.
Esos servicios y el turismo salvaron el desplome de la economía en 2010, al llevar al PIB a un crecimiento de 2,1% a pesar de la caída de la producción de bienes y las inversiones, dijo el ministro de Economía, Marino Murillo, en el Parlamento.