Las cooperativas de ahorro y crédito representan un importante mercado en el sector financiero del paí­s, sin embargo no existe un marco jurí­dico actualizado capaz de regular su expansión y crecimiento, lo que supone serios riesgos para la estabilidad de un sistema financiero anteriormente golpeado por la falta de supervisión y control sobre las operaciones monetarias.

Las cooperativas de ahorro y crédito ofrecen los mismos servicios que un banco, desde ahorros a largo plazo, ahorro corriente y créditos fiduciarios, hasta hipotecas y créditos prendarios. Sin embargo, estas operaciones no son reguladas por ninguna institución estatal, lo que según expertos, da un margen para detectar riesgos que podrí­an ir en detrimento del sistema financiero guatemalteco.

En el caso de los bancos, es la Superintendencia de Verificación Especial, la instancia encargada de verificar la salubridad de las operaciones financieras. Para las cooperativas no existe una institución estatal de similar naturaleza.

Un aspecto que resulta relevante es la facilidad con la que se puede crear una cooperativa. El decreto 82-1978 Ley General de Cooperativas de Guatemala establece en el artí­culo 3 que toda cooperativa deberá estar integrada por lo menos con 20 asociados, mientras que los cooperativistas reconocen que con Q200 una persona se puede asociar sin mayor dificultad.

La única institución que vela porque las cooperativas cumplan con la Ley es la Inspección General de Cooperativas (Ingecoop), sin embargo no está obligada a reportar e informar a instituciones oficiales sobre la situación de las cooperativas, y poco se sabe acerca de su funcionamiento y los controles que deberí­a ejercer para ofrecer seguridad a quienes confí­an en el cooperativismo.

Edgar Barquí­n, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), indicó que es necesario iniciar un proceso para regular las cooperativas de ahorro y crédito, ya que el crecimiento de esas organizaciones se está dando de una forma desordenada y sin un control que pueda garantizar el ahorro de sus asociados.

Existen varios tipos de cooperativas: El artí­culo 5 de la citada ley establece que «podrán desarrollar cualquier actividad lí­cita comprendida en los sectores de producción, el consumo y los servicios, compatible con los principios y el espí­ritu cooperativista. Serán cooperativas especializadas las que se ocupen de una sola actividad económica, social, cultural, tales como: agrí­colas, pecuarias, artesanales, de comercialización, de consumo, de transportes, de vivienda, de seguros, de educación y de ahorro y crédito».

«Las cooperativas de ahorro y crédito, hoy por hoy, no son supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB). Son supervisadas por la Inspección General de Cooperativas (Ingecoop), dado que son entidades de ahorro y crédito, también se estima conveniente como era hace 30 años, que el sistema pase a ser supervisado por la SIB», expresó Barquí­n.

El funcionario destacó que es más que conveniente iniciar un proceso de regularización, ya que eso robustecerá el sistema de supervisión sobre las entidades de ahorro y crédito similar al que se da en los bancos, las financieras, a las instituciones emisoras de tarjetas de crédito. «»Para ello necesita modificar la Ley General de Cooperativas y en ese sentido, el Banguat en conjunto con la SIB, trabajan en presentar un anteproyecto de ley».

«Este debe sacarse a discusión entre todos los sectores y desde el Congreso de la República aprobarse como una iniciativa en el sentido de que las cooperativas de ahorro y crédito puedan y deban ser supervisadas por la SIB», manifestó.

Previo a presentar la iniciativa, se deben realizar estudios que logren identificar por dónde debe ir orientada la reforma. «Pero deberán estar sujetas, ya que manejan captación del público ví­a sus asociados y manejan la colocación ví­a préstamos y en consecuencia sí­ deben de tener lí­mites prudenciales de otorgamiento de crédito de captación de fondos, de administración de riesgos, que permita un desarrollo adecuado de las mismas», puntualizó.

LA PROPUESTA

Barquí­n indicó que es conveniente empezar con un proceso de regulación y supervisión mucho más formal y totalmente diferente a lo que hace la Ingecoop, y más orientado a una adecuada gestión de riesgos financieros.

«Lo que sucede es que el sistema cooperativo tiene también un sistema de autorregulación y probablemente la Ingecoop no cuenta con todos los recursos. Este sistema está creciendo cada dí­a y entonces es conveniente que para evitar contingencias en el futuro, es decir, si continúan creciendo demasiado, es prudente iniciar con una regulación más orientada a una gestión de gobierno corporativo entre las mismas cooperativas (…) no se trata de ahogarlas ni de afectarlas, se trata de marcar un mejor camino para un crecimiento y un desarrollo ordenado de las mismas y evitar que dentro de unos cinco años nos puedan dar un susto», enfatizó.

Carlos González Arévalo, analista especialista en el sector monetario y bancario de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), comentó que «en ese sentido podrí­a decirse que las cooperativas están en un campo en el que por falta de supervisión pudieran darse situaciones de operaciones de personas que no son transparentes; es una duda que hay porque no se puede afirmar que de hecho está pasando».

El experto coincidió con lo manifestado por Barquí­n, sobre la necesidad de que las cooperativas sean supervisadas. Sin embargo, reconoce que «hasta el momento no se ha dado a conocer, al menos a luz pública, algún quebranto de alguna cooperativa que fuera de repercusión como cuando cierra un banco, eso va en beneficio de los cooperativistas, ya que esto permite anticipar que ha habido un buen manejo de los recursos».

González reconoce que la preocupación y los riesgos radican en el hecho de que cada vez se van haciendo más grandes los caudales de fondos que manejan y que «de alguna manera captan también, de los aportes de sus integrantes, parte del ahorro nacional.»

El analista resaltó la importancia de poner mucha atención a estas entidades para que se dé un buen manejo financiero y para que continúe de la mejor manera, evitando así­ riesgos en el mediano y largo plazo.

Barquí­n informó que ya se tiene un plan para iniciar las tres etapas de las que consta el proceso de la iniciativa de ley: «el primero es el estudio y diagnóstico que llevará unos cuatro meses; la otra etapa, estructuración de un articulado, que llevará otros cuatro meses y la etapa de preparación del anteproyecto. Una vez que se tenga el anteproyecto que puede ser en septiembre y octubre del próximo año, se somete a discusión de los sectores con el propósito de que antes de que termine el año 2011 esta iniciativa de ley pueda llegar al Congreso y contar con su posterior aprobación».

«No se busca el ahorcamiento de las mismas, sino delinearles un marco jurí­dico que sí­ les permita un crecimiento adecuado, ordenado, prudente y que sean rentables», recalcó Barquí­n.

De esta cuenta, el analista de ASIES, indicó que serí­a ampliamente positivo que la iniciativa de ley que se pretende regular a las cooperativas para controlar su crecimiento sea aprobada cuando se presente en el pleno legislativo.

«De alguna manera es necesario conocer mucho más el origen de ese caudal de recursos dado a la amenaza que hay del narcotráfico y del financiamiento del terrorismo», , manifiesta el analista.

Nelson Aldana, gerente de Riesgos de la Federación Nacional de Cooperativas (Fenacoac) y miembro de la agrupación Micoope, comentó que actualmente en la Ingecoop, se encuentran registradas cerca de 170 cooperativas de ahorro y crédito.

Unas 27 instituciones de crédito y ahorro están afiliadas a Fenacoac, la federación también conocida como Micoope.

Aldana aseguró que los controles que se ejercen en Micoope han logrado posicionar a la Federación en el sexto lugar de las entidades financieras del paí­s más importantes, sin embargo indicó que se desconoce cómo funcionan las otras cooperativas.

Cuando se le cuestionó por qué las demás cooperativas no están incluidas en la federación, respondió que éstas no llenaron los requisitos por los cuales ellos se rigen para ser transparentes con los asociados.

En este sentido, coincidió con los expertos en que es necesario que se dé una reforma a la ley, ya que la misma no ha sufrido ninguna modificación desde 1978, año en que fue creada y que actualmente resulta obsoleta.

«Adicionalmente, también la Ley de Bancos y Grupos Financieros, establece que para temas de lavado de activos, somos supervisados por la IVE, pero solo en el esquema del Lavado de activos, este es el esquema formal y legal de toda la estructura por la cual nosotros estamos, independiente de eso, la ley ya perdió actualidad, tiene 32 años de antigí¼edad y no ha sufrido ninguna modificación, es una ley que es aplicable a cualquier persona, a cualquier entidad cooperativa, no es especializada en el ahorro y crédito», aclara.

Aldana, comenta que la ley cumplió con el fin con la cual fue creada, pero actualmente -con la especialización que se tiene en el ahorro y crédito- y debido al tamaño y volumen de operaciones que manejan las cooperativas, esa ley «se quedó desactualizada».

«De nosotros mismos (Micoope) ha nacido la idea de querer ser supervisados por un ente que tenga mayor especialización en el tema, como lo es la SIB. Hemos estado en este acercamiento desde hace unos diez años y de hecho, antes de creada la Ley, las cooperativas eran supervisadas por la SIB, ahora estamos tocando la puerta otra vez para que nos vuelvan a supervisar», puntualizó.