Fue el 27 de septiembre de 2006, a eso del mediodí­a, cuando empezó la pesadilla. Olga López dejó a su hija recién nacida bajo el cuidado de su mamá para salir de casa a hacer diligencias. Caminando por la calle se encontró a dos familiares lejanas (nietas de una cuñada) y una mujer desconocida; le hicieron preguntas sobre su bebé que la preocuparon, pero la joven madre jamás se imaginó la tragedia que se acercaba.

Tiempo después, la madre de Olga -que cuidaba a la bebé- escuchó que tocaban la puerta, y cuando abrió se encontró frente a dos mujeres. Una le repetí­a con insistencia: «dice Olga que me dé a la niña, ella quiere que se la lleve».

Las múltiples negativas no fueron suficientes para que las desconocidas se alejaran; la circunstancia provocó que la abuela necesitara salir de la casa para tomar un respiro.

Colocó a la bebé entre sus brazos y fue a buscar un lugar seguro para descansar, pero por su avanzada edad no pudo evitar que una de las visitantes desconocidas le arrebatara a su nieta de los brazos y se la llevara.

Así­ inicia la terrible historia de Olga y su hija, Arlene, quienes fueron separadas cuando la pequeña tení­a apenas un mes y 27 dí­as de nacida. Este fue uno de los miles de casos en que un menor es sustraí­do para ser utilizado como mercancí­a, posiblemente en una adopción irregular.

Una sobrina llegó hasta donde estaba Olga, y preguntó por la bebé: «Â¿Tí­a, y la nena? Llegó una mujer a decir que mandabas a traerla… ¡a la nena ya se la llevaron!».

En ese momento, Olga casi se vuelve «loca»; detuvo a un motorista que pasaba por el lugar y empezó a gritarle que la llevara hasta su casa: «Lléveme, me robaron a mi bebé», le suplicaba. Cuando el desconocido supo lo que sucedí­a, accedió a trasladarla.

Al llegar a su casa, Olga supo lo que sucedí­a con solo ver a toda la gente que se encontraba en el lugar. Acudió a la estación de Policí­a, pero la respuesta que encontró fue que los agentes no podí­an «hacer nada». Con un «hay muy pocos elementos en la estación», justificaron su actitud pasiva.

Acompañada de una hermana, la angustiada madre denunció el hecho en el Ministerio Público y en un noticiero de televisión, en donde mostró la fotografí­a de la bebé, sin embargo no se tuvo respuesta en mucho tiempo.

RUMBO A ESTADOS UNIDOS

La búsqueda de su hija y la poca voluntad de las autoridades obligaron a Olga a realizar dos huelgas de hambre para exigir una investigación independiente. Solo así­, la Procuradurí­a General de la Nación (PGN) y la Dirección General de Migración permitieron revisar unos documentos en mayo de 2007.

En medio de la revisión de expedientes y documentos sobre adopciones irregulares, Olga encontró la foto de su bebé en un pasaporte falso: Arlene habí­a sido sacada del paí­s el 19 de diciembre de 2006 rumbo a Estados Unidos.

Varios dí­as después del robo de Arlene, una vecina le dijo a Olga: «Usted es bien tonta; usted anda con la persona que le robó a su nena». Fue así­ como se enteró, aunque ya tení­a alguna sospecha, que la secuestradora tení­a un ví­nculo con sus familiares lejanas.

Durante las investigaciones se determinó que las familiares de Olga tení­an relación con el robo de la niña. Sin embargo, estas señalaron que habí­a sido la madre (Olga) quien habí­a vendido a la bebé, por lo que las investigaciones se volcaron en su contra y se dejó libre a las sospechosas.

Frente a los constantes ataques y señalamientos en su contra, la madre debió vender su casa; alquilar fue necesario para no seguir escuchando provocaciones de las dos jóvenes.

Poco tiempo después, una de las presuntas secuestradoras fue asesinada y se acusó a Olga de este crimen. «Â¿Cómo la iba a matar si yo lo que querí­a era que me dijera dónde estaba mi hija?», asegura. Así­ fue como se determinó que una familiar de Olga tení­a un «negocio» de adopciones.

¿QUIENES NOS CUIDAN?

Mabel Gutiérrez, abogada de la Fundación Sobrevivientes, quien acompaña el proceso de Olga, agradece la labor de la Fiscalí­a especial de Trata de Personas del Ministerio Público (MP), que ha sido abierta a apoyar en el tema, sin embargo señala que en todos los casos donde «el mercado es fuerte», como en el caso de las adopciones, se ve involucrado un funcionario público.

A la fecha existe una condena en los tribunales en contra de un notario por el delito de trata de personas con la finalidad de adopción irregular. Según investigaciones del MP, hay al menos seis funcionarios de la PGN investigados por el mismo delito y por incumplimiento de deberes relacionados con casos de adopciones.

En el caso de Olga, miembros de la PGN y del MP fueron reconocidos y denunciados como participantes en el proceso de adopción ilegal de Arlene; como prueba anticipada, el juez que lleva el caso ha solicitado la declaración de la comadrona que ayudó a su nacimiento.

La audiencia se desarrollará a finales de enero próximo, aunque para Olga es preocupante que sea hasta esa fecha, pues la comadrona tiene 98 años, y aún así­ el juez no quiso agilizar el proceso. «Nosotros luchamos y ellos nos echan tierra; eso es lo que hacen, taparnos el camino», dice.

LA LUCHA CONTINíšA

Ahora, cuatro años después de que le arrebataron a su hija, y aunque cuenta con el apoyo de la Fundación Sobrevivientes, Olga aún no encuentra respuesta de las autoridades, ni guatemaltecas ni estadounidenses, para frenar las adopciones.

«Ahorita ya es el Gobierno quien tiene que negociar con Estados Unidos; ya no es cuestión de nosotros, es la justicia. Todo lo que pudimos hacer los hicimos», dice, entre lágrimas, la joven madre.

Se conoce que Arlene vive con una familia norteamericana pero el hecho de conocer estos detalles no es un aliciente para el dolor de Olga.

«El Gobierno estadounidense cuida a sus ciudadanos, pero pensamos que la niña está perdida totalmente. No importa que la encontráramos porque es como si nunca la voy a volver a tener. Yo comprendo que quizá no hable mi idioma, ya son varios años, pero con verla yo sentirí­a que ella está bien y si ellos se comunicaran conmigo, tal vez así­ calmarí­an un poco mi dolor», dice.

Una prueba de ADN será realizada a Olga y «Cindy Garcí­a», nombre con el que Arlene fue dada en adopción. Hasta ahora, los norteamericanos no han autorizado que se sustraiga sangre a la niña.

Pero la lucha no terminará: «hasta que yo la tenga a mi lado voy a calmar todo el dolor que siento. Yo sé que es difí­cil, pero no hay que olvidar los casos; esta lucha es de todas, no solo de una», declaró.

Por lo pronto, la Comisión Interinstitucional de actores que integran el Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia anuncia que se ha mejorado el sistema de investigación, dentro del proceso judicial de protección, para garantizar que el juez dicte la adoptabilidad dentro del marco de una investigación sólida de parte de la Procuradurí­a General de la Nación.

NEGOCIO RENTABLE

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) detalla que durante el 2007, año en que se registró mayor número de adopciones en Guatemala, fueron dados en adopción a familias extranjeras unos 5 mil 110 niños.

Al multiplicar la cantidad de adopciones, por el valor promedio de una adopción -US$35 mil, según la CICIG-, se habla de un ingreso para Guatemala de US$200 millones en ese año.

Sin embargo, la Fundación Sobrevivientes indica que hay casos en que se han cobrado entre US$150 mil y US$ 200 mil por unas adopciones ilegales, precio que se distribuye entre la «jaladora», notarios, médicos, jueces, madres sustitutas y toda persona que ayude en el proceso. Mientras más pequeño es el niño o niña, es más «rentable» por lo que se buscan menores de edad de entre 0 y dos años.

Recientemente, la CICIG analizó la información de 3 mil 342 casos de niños sometidos a trámites de adopción nacional o internacional, durante el proceso llamado «de transición», desde que la actual Ley de Adopciones entró en vigencia hasta que se iniciaron los procesos bajo esta norma.

Dicho perí­odo se desarrolló entre el 3 de enero de 2008 y el 31 de julio de 2009. Al 30 de junio de este año todaví­a existí­an al menos 300 casos pendientes de conclusión.

El informe revela que servidores públicos formaron parte de redes de trata que se involucraron en las adopciones irregulares cuando no se contaba con un marco regulatorio para realizar ese proceso con transparencia

Trascendió el caso de una trabajadora de la PGN que autorizó 500 solicitudes ilegales de adopción. «Es devastador ver que una atribución de los notarios, autorizada por la PGN, haya sido utilizada como comercio», dice Gutiérrez.

La falta de principios, de disciplina y la avaricia, son factores para que se acceda a cometer el crimen. La CICIG detalla que actualmente se encuentran bajo investigación en el MP al menos 25 notarios, a quienes se señala de cometer diversas irregularidades como la utilización de documentos falsos, voluntad de la madre coaccionada, «compra-venta» de niños, etc.

Según el informe, de cada 10 menores secuestrados, siete son dados en adopción, los otros tres son utilizados para pornografí­a infantil, experimentos, o explotación laboral, entre otros hechos ilí­citos.

De acuerdo con Gutiérrez, las redes criminales que se dedican a la trata falsifican los datos de los niños robados para que distintas mujeres se hagan pasar como sus madres biológicas y asegurar que ellas están dando en adopción de manera legal a los menores.

La CICIG identificó que, a pesar de lo establecido en la Ley, hay casos en donde Migración emitió pasaportes de niños que estaban reportados como robados y autorizó su salida del paí­s sin cumplir con sus obligaciones referentes al control migratorio.

Gutiérrez señala que el destino de los niños robados es aún incierto.