Un juez británico concedió ayer la libertad bajo fianza a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks -que reveló miles de documentos confidenciales estadounidenses- aunque la decisión podría ser anulada por un recurso presentado por Suecia, donde se le busca por delitos sexuales.
El australiano, de 39 años, levantó el pulgar en señal de victoria al escuchar el fallo del juez del tribunal de Westminster, tras haber pasado una semana en la cárcel.
El magistrado, Howard Riddle, estableció como condiciones para su liberación el pago de una fianza de 240.000 libras (380.000 dólares, 285.000 euros), el porte de un dispositivo geolocalizador y el cumplimiento de un toque de queda.
Riddle se declaró satisfecho por las condiciones impuestas «en lo relativo al riesgo de fuga», que alegó el 7 de diciembre para denegar la libertad a Assange, quien se presentó despeinado y con el mismo traje azul marino que en la audiencia anterior.
Como sugirieron sus abogados, Assange deberá residir en el condado de Suffolk (este de Inglaterra), en una propiedad de Vaughan Smith, presidente del Frontline Club, el club de periodistas de Londres donde WikiLeaks tiene establecido su cuartel general británico.
La decisión del juez fue recibida con gritos de alegría por una veintena de personas que se habían congregado ante el tribunal para denunciar lo que consideran un intento de silenciar a Assange, cuya web publica desde finales de noviembre miles de documentos confidenciales de la diplomacia estadounidense.
«Estamos a punto de ver anulada una gran injusticia», dijo en el exterior de la corte el periodista y cineasta australiano John Pilger, uno de los que ha contribuido al pago de la fianza.
En declaraciones a la cadena Sky News, uno de los abogados de Assange, Mark Stephens, se había mostrado este martes por la mañana confiado en una liberación.
«Es tal vez la persona más identificable que hay en este momento, sería difícil para él ir a algún lugar sin que le reconozcan», agregó Stephens, que ha tildado las acusaciones suecas de maniobra política.
En una declaración dictada desde la cárcel a su madre para hacerla llegar a Channel 7, Assange criticó a las sociedades de tarjetas bancarias estadounidenses Visa y Mastercard y a la sociedad de pagos por internet PayPal por haber bloqueado los pagos hacia su portal.
«Ahora sabemos que Visa, Mastercard y PayPal son instrumentos de la política extranjera de Estados Unidos. Es algo que ignorábamos», dijo Assange.
Assange está en el ojo del huracán desde el inicio de la publicación, el 28 de noviembre, de 250.000 cables procedentes de embajadas norteamericanas en casi todo el mundo, que han puesto al desnudo la política exterior de Estados Unidos y provocado una indignación creciente en ese país.
El equipo defensor de Assange, reforzado con el reputado jurista anglo-australiano especializado en derechos humanos Geoffrey Robertson, estima que las acusaciones suecas están «políticamente motivadas» y son sólo una etapa previa a su entrega a Estados Unidos.
La administración de Barack Obama anunció varias veces en las últimas semanas su intención de llevar a Assange ante la justicia.
Stephens aseguró el lunes a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera que se ha formado «un gran jurado en secreto» cerca de Washington para definir los cargos que podrían presentarse contra su cliente en ese país.
Según un sondeo ABC News/Washington Post difundido hoy, dos de cada tres estadounidenses quieren llevar ante la justicia a Assange por considerar que la divulgación de los cables «daña el interés público».
Assange, sin embargo, se ha declarado «determinado» a continuar el trabajo que comenzó desde la fundación de WikiLeaks en 2006 y que le ha permitido divulgar también miles de documentos secretos sobre las guerras de Irak y de Afganistán.
«Mis convicciones no vacilan. Me mantengo fiel a los ideales que he expresado», dijo Assange en un breve comunicado dictado por teléfono desde la cárcel a su madre, Christine Assange, que se encuentra en Londres, para que se lo hiciera llegar a la televisión australiana Channel 7.
«Si algo ha hecho este proceso, ha sido aumentar mi determinación de que (estos ideales) son verdaderos y correctos», insistió.
Chile pidió a Estados Unidos colaboración en inteligencia para afrontar lo que definió como «problema mapuche» ante sus sospechas de que esa etnia indígena podía radicalizarse y tener contactos con grupos como FARC o ETA, según cables diplomáticos revelados por el portal WikiLeaks.
El reporte sostiene que en 2008, Edmundo Pérez Yoma -entonces jefe del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet-, manifestó a Estados su preocupación por el «problema mapuche», según publicó este lunes el diario español El País y reproducen medios locales chilenos.
Los mapuches son la mayor etnia chilena, con una representación del 6% sobre un población de 16 millones. En el sur del país, algunas comunidades mantienen un foco de tensión constante al reivindicar tierras hoy en manos privadas que consideran les son propias por derechos ancestrales.
Pérez Yoma solicitó apoyo «de inteligencia» para seguir de cerca la posible radicalización de sus demandas de tierras y sus eventuales contactos con grupos terroristas, como las FARC colombianas o ETA.
Según el documento, Pérez Yoma es informado de que el FBI ya «está coordinado con Carabineros (policía chilena) para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles contactos», consigna un telegrama de la embajada de EEUU.
Pero en otros despachos posteriores, las investigaciones estadounidenses determinan que la comunidad mapuche no es violenta y que sus demandas y protestas son magnificadas por los medios chilenos, en su mayoría de carácter conservador.
También se descartan los lazos entre mapuches radicalizados y organizaciones terroristas extranjeras.