Ven indicios de corrupción y clientelismo en la Bolsa Solidaria, más que en los programas de transferencias condicionadas, esto según un informe presentado por Acción Ciudadana.

El informe de auditorí­a social presentado por la Acción Ciudadana, se realizó en base a beneficiarios encuestados en municipios de Escuintla, Jalapa, Sololá, Santa Rosa, Alta Verapaz e Izabal.

Manfredo Marroquí­n, director de la organización, refiere que en programas sociales como la Bolsa Solidaria hay un evidente clientelismo polí­tico, sin embargo, la mayorí­a de beneficiarios encuestados de las transferencias condicionadas indican que en Mi Familia Progresa -Mifapro- no hay indicios de este tipo, tampoco hacen mención de un aprovechamiento en el programa para hacer propaganda polí­tica.

«De manera preocupante no vimos señales de corrupción», dice Marroquí­n al no poder documentar estos casos debido a que la gente no lo comenta.

Las pocas denuncias de abuso contabilizadas fueron por el deficiente sistema de quejas que le permite a la gente presentar sus reclamos y a un existente atropello en la relación entre beneficiarios y personal de Mifapro

Mencionan que el sistema de quejas es una de las partes más débiles del programa, ya que la población beneficiada no conoce sus derechos ante cualquier abuso cometido, no saben que son dos meses para que le den respuesta a su denuncia y no existe información en idioma maya para la población que no habla español, «si no hay un sistema creí­ble la gente se va a inhibir a hacer las denuncias».

El informe presentado hace mención que los servicios pilares de este programa son totalmente deficientes. Existe mayor cobertura en cuanto a salud y educación, sin embargo, el sistema de salud es el peor evaluado ya, a pesar que los centros de salud están más cerca de las comunidades, son muy pocos, el personal capacitado no es suficiente y en la mayorí­a de casos hay inexistencia de medicamentos para tratar a los pacientes.

En cuanto a las escuelas recién establecidas, se hace mención de una mala infraestructura, las aulas están saturadas, no hay maestros y los niños y niñas no cuentan con material para trabajar.

Marroquí­n insiste en que la única forma que este tipo de programas mejore es institucionalizándolos, «creo que es obvio que ningún gobierno se atreverá a quitarlo ni a ofrecerlo como frente electoral», finaliza.