Nos quejamos de la falta de respeto a la ley y, en general, a las normas de convivencia humana en Guatemala, puesto que es éste el país en el que cada quien hace lo que se le ronca la gana, para decirlo de manera elegante. Pero no se puede esperar otra cosa si las mismas autoridades son las que dan el pésimo ejemplo de reírse de las resoluciones que debieran acatar y tal es el caso de lo dispuesto en mayo de este año por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Estados Americanos, en las que dispuso medidas cautelares a favor de las comunidades afectadas por la actividad minera realizada por la mina Marlin.
ocmarroq@lahora.com.gt
Han pasado los meses y el Estado, obligado por normas elementales del derecho internacional a respetar y acatar las resoluciones de la Comisión, se ha burlado de lo resuelto, al punto de que esa disposición de otorgar medidas cautelares no se produjo absolutamente en nada práctico y ha dejado a la Comisión en un triste predicado. Ya sabemos que la OEA es una cacharpa inútil, como se demostró fehacientemente durante la crisis provocada por el golpe de Estado en Honduras, cuando sus resoluciones cayeron en oídos sordos al punto de que el gobierno de facto entregó el poder hasta que se le dio la gana. Pero históricamente la CIDH, con todo y que es una dependencia de la OEA, se ha ganado una posición de respeto y sus resoluciones han sido acatadas en todos los países miembros del organismo internacional, con la dolorosa excepción del caso de la minería en Guatemala.
Porque nuestro país ha acatado resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con indemnización a ser pagada a víctimas de acciones represivas de las fuerzas de seguridad en el marco del conflicto armado interno, pero cuando se trata de aplicar la ley para proteger a los campesinos pobres de la región en la que opera la minera, pesa mucho más el poderío económico de la multinacional que el interés de los vecinos, no digamos que el marco legal en el que se produjo la resolución de la CIDH para disponer las medidas cautelares a favor de esa población indefensa.
¿Con qué cara puede el Gobierno pedirnos a los ciudadanos que nos sometamos al imperio de la ley y que acatemos las resoluciones judiciales si ellos, con tal de proteger los intereses de poderosas empresas que salpican a diestra y siniestra a funcionarios para mantener sus privilegios se hacen los papos a la hora de una fundada y consistente disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y es que no estamos hablando de una resolución de un tribunal civil en el que se dirimen intereses comerciales o de índole pecuniaria para la gente. Estamos hablando de un tribunal que tiene como encargo fundamental velar por la vigencia y el respeto a los derechos humanos, razón de ser del Estado mismo, no obstante lo cual nuestras autoridades mandaron al cesto de la basura las medidas cautelares otorgadas.
Es la eterna actitud que tenemos los guatemaltecos ante la ley, ante el estado de derecho y, sobre todo, ante el necesario respeto al derecho ajeno. Somos un país que se caracteriza precisamente por la ausencia de civismo y el peor ejemplo lo dan las mismas autoridades que ni siquiera para taparle el ojo al macho y dar la apariencia de respeto a las normas de convivencia, se dignan en tomar en cuenta una resolución como la dictada contra la minería. ¿Hay ingenuos que crean que esa actitud es de gratis? Yo, no lo creo.