Una iniciativa del gobierno colombiano para restituir a las víctimas 2 millones de hectáreas de tierra arrebatadas por los grupos armados ilegales pende como espada de Damocles sobre los campesinos, tres de los cuales han sido asesinados este año y otros están bajo amenaza.
«Estamos preocupados por la seguridad de todos los que estamos reclamando la restitución de tierras», dijo ayer Carmen Palencia, líder de una organización de campesinos desplazados que reclaman sus tierras, lucha que le valió el premio de paz de Colombia Antonio Nariño, otorgado por Francia y Alemania.
«No vamos a desfallecer ni desistir de nuestro empeño, aunque sabemos que nuestra lucha no va a ser fácil», advirtió al reclamar al gobierno protección para los líderes del movimiento, tres de los cuales han sido asesinados este año.
En el marco del conflicto armado que padece Colombia desde hace casi medio siglo, paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros expulsaron a campesinos de sus tierras, y se estima que en los últimos 15 años el total de superficie despojada suma entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas, según datos oficiales, de ONG y de la iglesia Católica.
El gobierno de Juan Manuel Santos, en el poder desde agosto, tramita ante el Congreso un proyecto de ley encaminado a restituir unas 500.000 hectáreas anuales hasta el fin de su mandato en 2014.
Pero tras la presentación de esa iniciativa, las amenazas contra los campesinos desplazados se han multiplicado, según denunció Palencia, quien dijo que «los están asesinado simplemente porque reclaman las tierras que les arrebataron».
El conflicto armado en Colombia ha provocado el desplazamiento de 3,4 millones de personas desde los años 50, según ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
«La vida de quienes reclaman sus tierras no puede seguir en riesgo y sin protección adecuada», dijo Terry Morel, representante en Colombia de ACNUR, en un acto en Bogotá con ocasión del día Internacional de los Derechos Humanos.
Morel advirtió sobre «la situación de riesgo que enfrentan las personas desplazadas, en particular sus líderes», y dijo que entre 2007 y 2010 se registraron «alrededor de 1.500 homicidios» de desplazados, de los cuales «27 eran personas vinculadas con la reclamación de sus tierras».
En tanto, Christian Salazar, representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un llamado «al Estado colombiano para que adopte urgentemente una política y un programa de protección integral como parte del proceso de restitución de tierras».
«Este año ya registramos homicidios, amenazas y acosos contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas y por la restitución de tierras», subrayó.
Los dos delegados de la ONU coincidieron en calificar esa iniciativa del gobierno como «audaz» y «valiente», porque según señaló Salazar «el tema de la tierra ha sido motivo de enfrentamientos sangrientos en la historia de Colombia».
En el mismo acto, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, reiteró el compromiso del gobierno con la iniciativa y además anunció un «plan de choque» para proteger a los campesinos comprometidos en el reclamo de tierras.
«En vista de que la restitución de tierras se ha convertido en una amenaza para la seguridad de las personas, grupos, comunidades y organizaciones, simples medidas de seguridad material no resultan ser sistemas completos de protección», explicó el ministro.
El éxito de la restitución de tierras «depende en gran parte del compromiso de todos los actores involucrados: la institucionalidad civil, el orden nacional y regional, las fuerzas militares y de policía, la sociedad y las organizaciones que la representan», añadió.
Palencia y los dos delegados de la ONU en Colombia coincidieron además en la necesidad de que el gobierno extienda las garantías y condiciones de protección a los campesinos una vez se les restituyan sus tierras.