El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo este jueves que respondió con el «estado de alarma» a la «afrenta constitucional» de los controladores aéreos y aseguró que «nadie» puede «tomar como rehenes» a los ciudadanos para sus reclamaciones laborales.
La actuación de los controladores «en abierta rebeldía con el Estado de derecho, con sus normas e instituciones, originando una alarma social, suponía una afrenta al orden constitucional y como tal había que abordarla», dijo Zapatero en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para explicar lo ocurrido.
«Nadie, ni individual ni colectivamente, puede tomar como rehenes de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos», añadió el presidente, quien insistió en que su gobierno «no dudará en utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho para evitar o poner fin a situaciones como las que hemos vidido».
El viernes pasado, el abandono de sus puestos de trabajo de los controladores españoles alegando motivos de salud llevó a cerrar el espacio aéreo español durante prácticamente 24 horas y obligó al gobierno a decretar, primero, la militarización del servicio y después el «estado de alarma», obligando a la movilización del colectivo de controladores.
El «estado de alarma» supuso la vuelta al trabajo de los controladores, «alcanzándose una tasa de cobertura de los puestos de control superior al 93%, superior incluso al de un día ordinario», afirmó Zapatero.
El jefe del gobierno español añadió que se movilizó a 190 efectivos del Ejército del Aire en las torres de control de los aeropuertos españoles, más de 2.000 policías para tareas de seguridad, así como miembros de Protección Civil y de la Unidad Militar de Emergencia, que atendieron a los más de 200.000 afectados por «la huelga salvaje».
Zapatero reconoció que se actuó de forma extraordinaria, pero aseguró que el Ejecutivo «agotó sus posibilidades de actuación mediante métodos menos excepcionales».
El presidente del gobierno español, en cambio, no precisó cuando pondrá fin al «estado de alarma», en vigor por quince días desde el pasado sábado y prorrogable previa autorización parlamentaria.
«No vamos a estar ni un día más en estado de alarma ni un día menos de lo que necesite este país y los ciudadanos para que circulen libremente sin riesgo alguno de ser chantajeados por los controladores», afirmó Zapatero.
El gobierno, por su parte, recibió en el Congreso el apoyo de los principales grupos de oposición como el Partido Popular (PP, derecha), cuyo presidente, Mariano Rajoy, señaló que «cualquier razón que pudiera asistir a los controladores se encargaron de fulminarla con su conducta».
Sin embargo, no perdió la ocasión de atacar a Zapatero asegurando que la declaración del estado de alarma «supone una declaración de impotencia y sienta un precedente para futuros conflictos».
La protesta de los controladores ha llevado al gestor aeroportuario español AENA a abrir «más de 430 expedientes disciplinarios y laborales» a otros tantos controladores, mientras que la fiscalía «ha iniciado diligencias penales de oficio y a raíz de varios centenares de denuncias de ciudadanos afectados».
Precisamente, este jueves varios controladores estaban citados a declarar ante la fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, pero, aunque acudieron se negaron a declarar al considerar que la fiscalía no es competente para tomarles declaración.
Simultáneamente, el sindicato de controladores USCA ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo español contra la militarización del servicio y la activación del estado de alarma, ya que tienen «serias dudas» sobre la manera en que se han llevado a cabo ambos procesos.