La tortura es una práctica «endémica y regular» en más de la mitad de los países del mundo y su uso en América Latina sigue estando «muy extendido» entre las fuerzas de seguridad, denunció el jueves la ONG francesa ACAT en su informe «Un mundo torturador».
Del «submarino» estadounidense hasta los golpes en las plantas de los pies en los países árabes pasando por las mutilaciones y la picana eléctrica en América Latina, la tortura «afecta a más de la mitad de los países del mundo, de Eritrea a Guatemala, de Sri Lanka a Rusia, pasando por España y Francia.
Presentado como una «geografía de la tortura», el informe de Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), revisa la situación en 22 países de cinco grandes regiones del mundo.
El recurso a «métodos violentos y en particular a la tortura sigue estando muy extendido» en las fuerzas de seguridad en América Latina, afirma la ACAT, que habla de golpes, picana eléctrica y quemaduras en diversas partes del cuerpo, mutilaciones, estrangulamientos y violaciones.
«Herencia de décadas de dictaduras militares, es corriente que personas procedentes en su mayoría de medios desfavorecidos o marginales, sean maltratadas o torturadas por la policía o las fuerzas de seguridad cuando son detenidas», dice el informe.
Las fuerzas del orden también «reprimen violentamente» a campesinos e indígenas, que protestan contra la mala distribución de las tierras, precisa.
«La lucha contra el comunismo dio lugar a la guerra contra el terrorismo» y «la mayoría de los países de América Latina se dotaron de legislaciones antiterroristas contrarias a las garantías constitucionales» como Argentina, Colombia, El Salvador, Perú, Paraguay y Chile, donde rige una ley antiterrorista de la dictadura (1973-90).
En México, Guatemala, Colombia y Perú, la población civil es la «primera en sufrir las consecuencias» del tráfico de droga (…) origen principal de la violencia», afirma el documento antes de puntualizar que «en sus ofensivas contra los narcotraficantes, la policía y el ejército (…) son responsables de graves exacciones contra la población».
En Brasil señala la situación en los centros de detención de menores donde persisten «los malos tratos y la violencia». En Colombia subraya que «casi la mitad de los actos de tortura son imputables a los diversos grupos paramilitares» cuyos autores son «rara vez llevados ante la justicia».
Al hablar de Guatemala afirma que la situación de los derechos humanos «es catastrófica» mientras que en México «la mayoría de las torturas son cometidas por policías locales y federales y los diferentes cuerpos del ejército».
En Perú el principal método de tortura son los golpes, dice el texto que denuncia las condiciones «particularmente agotadoras» en las cárceles de alta seguridad en altitud.
Atribuye la «persistencia de la tortura» a «la impunidad de que gozan los autores de violaciones a los derechos humanos» en la región y en particular en Guatemala donde la impunidad es «total».
«La política de terrorismo de Estado contra las poblaciones indígenas (en ese país centroamericano) fue calificada por la ONU de verdadero genocidio sin que hasta hoy se haya condenado a responsable alguno», denuncia el informe.
«En la mayoría de los países de América Latina, los sistemas judiciales privilegian la represión y el encarcelamiento en detrimento de políticas de prevención», afirma.
En el caso de España señala que el régimen de detención «incomunicado» «no ofrece garantías suficientes contra el riesgo de tortura en personas sospechosas de terrorismo; advierte sobre la violencia contra los inmigrantes y las denuncias de tortura o malos tratos en comisarías que debieron dotarse de sistemas de videovigilancia.
Efectuado a través de artículos y testimonios, el informe de la ACAT, creada en 1974, cuenta con la participación de expertos en materia de derechos humanos como el austríaco Manfred Nowak, la francesa Sibel Agrali o el argentino Miguel Benasayag.