Desafortunadamente no podemos hacernos muchas ilusiones porque ya una vez tuvo el ingeniero ílvaro Colom la oportunidad de marcar la diferencia y no la pudo o no la quiso hacer. Este proceso de elección de Fiscal General se produce como una necesidad para subsanar lo que todos los sectores sociales calificaron como una mala decisión del mismo Presidente de la República, acaso influenciado por la gente de su mismo partido que metió la mano en forma burda en el proceso de postulación anterior. No hay otra forma de explicar por qué, a pesar de las objeciones que le hizo el mismo Comisionado de la CICIG advirtiendo sobre las graves consecuencias de su decisión, no sólo la tomó en contra de esas opiniones sino que no fue capaz de rectificar e hizo falta una acción de la Corte de Constitucionalidad que, con dudoso fundamento legal, puso fin a la controversia que debió ser resuelta por el mismo mandatario con decisión y carácter.

No debiera haber ninguna consideración ajena al patriotismo y la responsabilidad histórica a la hora de nombrar al nuevo Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Cualquier factor adicional es deleznable porque, al fin de cuentas, lo que está en juego es verdaderamente demasiado toda vez que será ese nuevo Fiscal quien tendrá el monopolio de la acción penal de acuerdo a nuestro ordenamiento legal y por lo tanto de su decisión, empuje, honradez y capacidad técnica dependerá el combate contra la impunidad en nuestro paí­s. Es un hecho que el Ministerio Público, tal y como está constituido en Guatemala, fue diseñado como reducto para garantizar impunidad a los agentes del Estado que actuaron durante el conflicto armado interno para enfrentar a la subversión que pretendí­a un cambio polí­tico, y reconocer esa realidad es un imperativo para quien llegue al cargo de Fiscal porque hará falta mucho temple y decisión para desmantelar el aparato de la impunidad que está incrustado en la institución ahora al servicio del crimen organizado y de una justicia prostituida.

Un estadista con visión y sentido de responsabilidad ante la historia, tendrí­a que entender lo crucial de su decisión cuando tiene que realizar un nombramiento de este tipo. Cualquiera esperarí­a que si bien puede haber descuidos en otro tipo de actos administrativos, cuando se trata de algo de tanta relevancia y trascendencia para el futuro del paí­s, cualquier gobernante debiera sentirse abrumado por el peso de la responsabilidad y actuar en consecuencia. No creo que sea precisamente el caso por el antecedente que ya hay y que resultó verdaderamente penoso porque se antepuso el interés partidario y los intereses de familiares del mandatario a los intereses de la Nación y no hay muchas razones por las cuáles uno pueda suponer que las condiciones han variado de tal manera que pueda modificarse el patrón de comportamiento.

Ojalá el presidente nos dé un tapaboca con su decisión al nombrar Fiscal General, porque lo que Guatemala necesita con urgencia es emprender el camino serio y sensato de la lucha propia contra la impunidad.