La aprobación ayer de la Ley de Extinción de Dominio (LED) marcó el inicio de una nueva etapa en el combate a las mafias, en el que surgen nuevos retos que requieren del compromiso de diferentes actores políticos, gobernantes y de los medios de comunicación, que hasta el momento han reafirmado su compromiso en la lucha contra la impunidad.
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Llevar a la práctica la ley será uno de los más grandes retos, opina el analista político Sergio ílvarez, de la Universidad de San Carlos, quien considera que en adelante, los tres poderes del Estado, la sociedad civil, el sector empresarial y académico, y los medios de comunicación deberán involucrarse activamente.
«No podríamos pedirle a un grupo que actúe solo para combatir al crimen organizado y las demás mafias que se han incrustado en el Estado a lo largo de las últimas décadas (…) tenemos que estar conscientes de que se vienen grandes retos para los que necesariamente debe haber un compromiso de los guatemaltecos», indicó.
En esa línea, el experto reconoció que los medios de comunicación pueden «jugar un papel determinante» si apoyan institucionalmente las iniciativas que se desencadenarán tras la «aprobación de la Ley de Extinción, como creación de los reglamentos y las figuras legales que ello supone».
En la última fase de la aprobación de la LED, distintos medios de comunicación se pronunciaron a favor de la iniciativa a través de editoriales y columnas de opinión, entre otras publicaciones.
Por su parte, La Hora realizó una intensa labor para respaldar la citada Ley y el combate a las mafias, a través de una serie de publicaciones periodísticas y una campaña institucional.
En las portadas del vespertino se destacó la relevancia de la LED como una herramienta legal para hacer frente a las amenazas para la seguridad nacional, como las que representan las mafias.
La Hora también ha reafirmado su compromiso con otras iniciativas, como la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, que representan un verdadero aporte en la lucha contra la corrupción en el Estado.
«MíS FUERTE»
El diputado independiente Aníbal García Hernández indicó que la sociedad civil y el pueblo de Guatemala no se pueden quedar callados ante la aprobación de una Ley de esta magnitud; en este sentido comenta que hubo una presión mediática, pero «ésta debió ser mucho más fuerte».
«Si los medios de comunicación no nos dan los espacios a quienes promovemos esas leyes, es difícil que podamos seguir adelante; hubo un buen papel, pero fue insuficiente frente al tamaño de problemas que tenemos», expresó el diputado.
Sin embargo, manifestó que «es de reconocer que La Hora, prácticamente se montó en una campaña por la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, que era lo que se esperaba que hicieran los otros medios. Hay que decir que algunos medios radiales lo hicieron, pero creo que hay algunos otros que no impulsaron de la misma forma (…) Reconozco que Diario La Hora hizo una presión especial y se debe valorar ese empuje que le dio a la aprobación de esa ley».
Agregó que el trabajo no debe quedarse paralizado, al contrario, «Guatemala debe darse cuenta del tamaño de sus problemas y que no son poca cosa (…) hay leyes que debe aprobar el Congreso de la República, que van a pasar solo si hay una presión social, por ejemplo: la reforma electoral, la reforma tributaria, la Ley en contra del Enriquecimiento Ilícito del Cobro de Comisiones en la Obra Pública; la Ley en contra del Secreto Bancario; esas no pasan si no hay una presión mediática y un empoderamiento de la sociedad civil de su necesidad».
En ese sentido, el parlamentario declaró que además de los elementos formales y legales que devienen de la probación de la LED, existe una serie de retos «muy difíciles de superar», que tienen enfrente los distintos sectores de la sociedad guatemalteca.
PROCESOS
El ponente de la LED, el diputado de la Bancada Unionista y presidente de la comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior, Mariano Rayo, explicó que el siguiente paso para poner en marcha la normativa es la sanción del Decreto 55-2010 por parte del presidente de la República, ílvaro Colom.
Posteriormente, deben transcurrir seis meses para que la normativa entre en vigencia. «Ese tiempo será utilizado para lograr la cooperación técnica, científica para la formación y capacitación de los operadores de justicia encargados de la implementación de la Ley. Tendremos que elaborar los reglamentos que se derivan de la Ley, que son pocos, pero son importantes», explicó el parlamentario.
También indicó que se dará apoyo al vicepresidente, Rafael Espada, en relación del Consejo Nacional y también para «lograr que en apego a la Ley se pueda seleccionar al personal operativo de la Agencia Nacional para la Administración de Bienes Extinguidos (ANABE) que se crea por medio de la Ley, para que cuando la Ley entre en vigencia, estos funcionarios puedan hacer operativa la Ley y que empiece a dar sus frutos».
De acuerdo con el diputado, lo que está pendiente es la formación, capacitación de fiscales, magistrados, jueces, policías, investigadores, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de la Defensa.
«Hay una cantidad grande donde vamos a tener que formar y capacitar a través de formación técnica y científica que ya se tiene bastante avanzado el tema, sin embargo queda pendiente también algo que es clave y funcional que es la elección de los funcionarios que tendrán a su poder la implementación de la Ley, sobre todo la administración de los bienes», puntualizó.
El Congreso aprobó ayer la Ley de Extinción de Dominio, que permite trasladar al Estado guatemalteco los bienes del crimen organizado, narcotráfico y otras mafias.
La normativa, aprobada en horas de la noche por 112 diputados de los 158 que integran el Congreso, permite poseer los bienes adquiridos con dinero o acciones producto de más de diez delitos, entre ellos el narcotráfico, tráfico de personas, lavado de dinero, peculado y malversación de fondos, dijo el presidente del Congreso, Roberto Alejos.
«Aprobamos los delitos necesarios para acabar con la corrupción, avalamos la persecución de funcionarios públicos que incurran en peculado y le dimos un golpe bajo a las mafias. Todo ha sido producto del diálogo», afirmó.
La ley fue aprobada horas después de una reunión entre líderes de las principales bancadas y el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Arturo Valenzuela, quien cumplió el lunes y martes una visita oficial a Guatemala y quien pidió un mayor compromiso del país para combatir el crimen.
Valenzuela había advertido que la cooperación internacional podría cortar el apoyo financiero a los países de Centroamérica si éstos no aportaban de sus propios recursos para combatir el narcotráfico y la mafia organizada.
«El subsecretario fue claro en decir que están dispuestos a ayudar al país económicamente para enfrentar al crimen organizado y narcotráfico, pero quieren una muestra de voluntad del Estado, y eso es con la aprobación de la ley», comentó la diputada Nineth Montenegro.
La ley, aprobada luego de cuatro meses de debates, era respaldada por organizaciones civiles y pro justicia y diplomáticos extranjeros.
La norma fue aprobada en medio de denuncias ante la Fiscalía General de amenazas de muerte contra varios diputados, incluido el presidente del Congreso, por presuntos narcotraficantes mexicanos.
Según la nueva normativa, los bienes confiscados a bandas del crimen organizado se entregarán a la Policía Nacional Civil y al sistema de justicia.