Si bien conservadores en el plano de lo individual, pareciera ser que al encumbrarse en el poder, el imaginario de ciertos guatemaltecos influyentes se transforma en un sinnúmero de ofrecimientos de gasto sin la más mínima idea de los necesarios aportes que cada quien tiene que dar por el hecho de vivir en sociedad.
Y es que si uno acude a una revisión de las iniciativas de ley de los últimos cinco años, que van siguiendo, gradualmente, el tortuguismo de la agenda legislativa, muchas de ellas sorprenden por el vacío de los más mínimos criterios financieros y económicos con que son elaboradas, lo que en un país carente de planeación económica y financiera provoca los consabidos estragos que hoy se sienten en el plano de las penurias en la gran mayoría de instancias públicas, desde las municipalidades hasta las diversas entidades autónomas del medio, pasando por supuesto por los ministerios.
Y para muestra un botón: durante las últimas discusiones del presupuesto público en el seno del Congreso trascendió la súbita discusión de una iniciativa de ley que dispone prevenir y erradicar el alcoholismo. Como es usual en estas propuestas, las mismas parten de los dictados constitucionales que acuden a garantizar la vida humana, la seguridad, la integridad física y la salud de las personas. Luego se prescribe la formulación de una política encaminada a readaptar a la sociedad y a la vida laboral del país a las personas que padecen la enfermedad citada, tema éste indiscutible en cualquier política social coherente.
Sin embargo, como el imaginario político es bien limitado, cuando de asuntos económicos se trata, simplemente la iniciativa de marras ordena al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a crear un Departamento adecuado y exclusivo para la atención de enfermos alcohólicos, «los que deberán ser internados para su rehabilitación y darle seguimiento a la enfermedad, con el fin de evitar reincidencias». Además se ordena que el Estado de Guatemala «promoverá y apoyará la creación de instituciones que tengan como fin, la prevención y erradicación de la enfermedad».
La iniciativa no presenta ningún estudio de base que sustente la factibilidad de tales prescripciones, ni lo que las mismas cuestan o debieran costar a la sociedad en su conjunto, y simplemente ordena a los ministerios y entes del ramo a ocuparse del tema, sin mencionar en ningún lugar, por ejemplo, la harta obligación que tienen las empresas licoreras de aportar al esfuerzo de promover una mejora de la productividad de la mano de obra guatemalteca.
Se trata, por consiguiente, de una iniciativa más que ve hacia un solo lado, siendo éste el del gasto público, creyendo erróneamente que mediante un decreto formalista las finanzas públicas se readecuarán, como por arte de magia, y que la política fiscal abrirá una nueva ventana de obligaciones al tenor de las que también se fabriquen en dicho recinto para el desarrollo rural, para el adulto mayor, para mejorar las clases pasivas y demás.
El imaginario político criollo anticipa que el dinero público fluye como maná del cielo, y así hay cientos de propuestas esperando el momento oportuno para copar la agenda legislativa y el político ponente saludar con sombrero ajeno, alardeando de la escasa discusión financiera y económica en los asuntos públicos.