Listones amarillos amarrados a postes y árboles, columnas de opinión que evocan heroí­smo en acciones donde no se puede ver nada más que ilegalidades, campos pagados y publicaciones en medios de comunicación insistiendo en que la toma de Pavón fue un enfrentamiento entre policí­as y reos, y hasta declaraciones del ex mandatario í“scar Berger señalando como «grupúsculos» a la CICIG y a organizaciones sociales que buscan el fortalecimiento de las instituciones de justicia en nuestro paí­s, evidencian que en Guatemala todaví­a se celebra la muerte y se desprecia la vida.

Para los grupos tradicionales de poder el trabajo de la CICIG iba bien hasta que se evidenció que la toma de Pavón no resultó ser como las autoridades de Gobernación y de la Dirección de Presidios de la pasada administración gubernamental dijeron a la prensa. Resulta que no existen evidencias del supuesto enfrentamiento que obligó a los policí­as a disparar y dar muerte a siete reos. Más bien, una serie de pruebas y de declaraciones de testigos narran cómo dentro de la cárcel el escenario fue armado, y muy mal.

Luego que desnudaron a los reos, como si se encontraran en un campo de concentración, y los maniataron con cintas de plástico, las pruebas indican que quienes resultaron muertos en el operativo fueron asesinados, algunos fusilados, y luego nuevamente vestidos, algunos hasta con otra ropa de la que portaban, cuando fueron detenidos. No se puede pensar de otra manera, cuando los cuerpos tienen los impactos de bala, pero las playeras y camisas que portaban los cadáveres se encuentran intactas.

Actuando como si la impunidad fuera su escudo permanente, al mejor estilo de los militares responsables de los crí­menes cometidos durante el conflicto armado interno, los ahora acusados insisten en que sus acciones, «de hombres buenos», las hicieron a nuestro favor para garantizar nuestra propia seguridad, «cumpliendo una disposición gubernamental». ¡Flaco favor para nuestra sociedad!

Ahora, tenemos a una buena parte de la institucionalidad del Estado actuando de manera coordinada para que los intocables continúen como tales. Ahí­ tenemos a la Corte de Constitucionalidad que emite una resolución a favor de un amparo que alega analogí­a en la petición de extradición, cuando en este tipo de procesos lo importante es que tanto en Guatemala como en España la legislación contemple el mismo delito, aunque se les llame de manera distinta. También contamos con una Cancillerí­a que tomó ritmo de tortuga para enviar el expediente que hubiera permitido el regreso a nuestro paí­s del ex ministro de Gobernación para que pudiera dilucidar su situación legal.

Y, por si fuera poco, la maquinaria ideológica ultra conservadora, que capitaliza el espacio mediático, insiste en imponer una opinión favorable a la propuesta de acabar la violencia con más violencia y a justificar las ejecuciones extrajudiciales de reos, como si la privación de la libertad diera la potestad a cualquier funcionario del Estado a decidir quién vive y quién no.

Lo que se calla es que cuando se interrumpen los procesos que buscan fortalecer las instituciones de justicia y se impone un discurso a favor de la muerte, no son únicamente los reos quienes se encuentran en peligro, sino toda la población; no es la CICIG a la que se debilita, ya que al fin y al cabo es una institución con un fin establecido. Es nuestro propio sistema de justicia el que puede sucumbir ante el ataque. Ante tal situación es imprescindible hacer un alto en el camino, para no permitir que cada vez nos encontremos más lejos de construir un Estado fuerte, capaz de asegurarnos garantí­as mí­nimas como la vida, la paz y la seguridad.