La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respondió a las publicaciones de medios informativos referentes a los procesos que esa instancia internacional investiga y afirma que, ciertos sectores mantienen una campaña de desprestigio en su contra.

Sobre el caso Parlacen la CICIG aclara que no se constituyó como querellante adhesiva, y que la investigación fue asignada a Rivera a partir de octubre de 2008, la cual no habí­a concluido la investigación para cuando la fiscalí­a acusó formalmente a los sindicados.

«De acuerdo a las diligencias realizadas en el mes de agosto de 2009, Rivera comunica en su criterio que la lí­nea del MP no era la correcta, en razón de lo cual sugirió que la CICIG actuara para evitar la continuación del caso Parlacen en la dirección escogida por la Fiscalí­a guatemalteca. El criterio de la CICIG fue el de no interferir con el desarrollo del debate (…) Sin embargo, debe tomarse muy en cuenta que el criterio profesional de la abogada es muy suyo, sin que se pueda calificar de concluyente ni excluyente de otras valoraciones profesionales», señala la Comisión.

Sobre el caso Pavón esa entidad aclara que este fue, en principio, investigado por Rivera cuando trabajó para la CICIG hasta diciembre de 2009. «El proceso nunca estuvo detenido por voluntad de la CICIG, sino porque el Fiscal General en ese momento no designó rápidamente a la Agencia Fiscal responsable», citan.

Sobre ese caso agrega que como parte de las diligencias se recibieron 12 declaraciones anticipadas entre el 2 y el 30 de julio de 2010 y que el MP solicitó la detención de todos los imputados el 6 de agosto último durante la administración de Carlos Castresana. «Esto demuestra que el trabajo investigativo se hizo y sin obviar a alguna persona para procurar su impunidad», se lee.

Respecto al proceso abierto contra Rivera, la CICIG reitera que en un computador decomisado en allanamiento realizado en la casa de Aldo Figueroa «se encontró información que es evidencia suficiente para abrir causa penal contra la abogada por distintos delitos (…) En razón de eso se solicitó el levantamiento de la inmunidad y fue concedido de conformidad con lo dispuesto por el artí­culo 10, numeral 3 de su Mandato».

Sobre la denuncia interpuesta por Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos contra el ex comisionado Carlos Castresana se lee que «Los hechos no tienen respaldo probatorio alguno, salvo el relato de la abogada Rivera, cuyas afirmaciones han quedado desvirtuadas por el desarrollo del caso Pavón», también indican que se iniciará un procedimiento disciplinario contra Pedro Dí­az, jefe de Investigaciones de esa instancia.

La Convergencia por los Derechos Humanos volcó todo su apoyo a la Comisión y manifestaron que existe influencia del poder económico y de sus cuerpos de seguridad ilegales para buscar garantizarse y garantizar impunidad.