Después del narcotráfico y de la venta de armas, la trata de personas es el tercer negocio más rentable que proviene del crimen organizado, reportando ingresos de $525 millones de dólares a nivel regional.
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La procuradora adjunta, María Eugenia Morales, refiere que Guatemala tiene un triple desafío en el combate de la trata de personas, debido a que protagoniza el mercado del crimen organizado con ingresos millonarios y, en el tema migratorio, Guatemala no es sólo un país expulsor si no de tránsito de migrantes.
Actualmente, el país se encuentra en el renglón dos de los Estados que hacen lo posible por detener el delito, pero por la forma como las autoridades guatemaltecas abordan el delito de trata, podría caer en el renglón tres, en donde aplica una reducción del financiamiento internacional y el cierre a convenios de cooperación, «esto sería lamentable ya que la OIT también se ha pronunciado en contra del trabajo forzado a menores de edad que se da en el país».
La Procuraduría de los Derechos Humanos presenta los resultados de un análisis en donde revelan que, según las estadísticas del Ministerio Público, de mil 28 casos denunciados, 48 están en proceso, 6 de ellos son por adopciones irregulares y sólo 2 ha tenido sentencia firme.
«Es preocupante la falta de coherencia en el sistema de justicia que lleva a victimizar doble o triplemente a las personas», finaliza.
Recomendaciones al Estado
Por su parte, Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, adjudica como un lujo para el país el informe que presentó la CICIG, en donde denuncia la venta ilegal de más de mil niños en los últimos 15 años.
«Las autoridades guatemaltecas demuestran interés para avanzar en el tema de la niñez, pero el cuello de botella está en la asignación de los recursos», dice Ortiz al mencionar que sólo el 2% del PIB es asignado a educación, contrariando las recomendaciones de la Unesco de asignar entre 6% y 7% del producto interno bruto.
Entre las recomendaciones presentadas por el Comité al Estado guatemalteco, está en aumentar los impuestos y pedir a las autoridades «enfocarse en la implementación de políticas públicas, en lugar de implementar una mano dura que sólo provoque más violencia».