En la lucha contra la impunidad es obvio que la ruta es cuesta arriba y lo demuestra la forma consistente en que ciertos tribunales fallan a favor de los imputados en casos de impacto. Ayer, analistas comentaban la resolución de una sala que fijó fianza a Jacobo Salán Sánchez y decían que «ciertas cortes» están diseñadas para mantener la impunidad en cierto tipo de delitos y a favor de cierta clase de imputados. La misma Sala que resolvió en este caso había ya fijado una fianza polémica a la esposa de un sindicado de narcotráfico.
La independencia judicial es un requisito indispensable para la correcta administración de justicia pero, al mismo tiempo, se convierte en instrumento ideal para que se pueda cooptar al sistema de justicia, puesto que resulta sumamente difícil corregir los desbalances de esos tribunales que se especializan en darnos muchas de cal y pocas de arena. Cualquier albañil entiende que para hacer una buena mezcla tiene que haber proporción entre la cal y la arena, puesto que de lo contrario el producto será inútil y eso nos pasa con nuestra administración de justicia.
Debe establecerse un mecanismo para una efectiva supervisión del trabajo de los tribunales, manteniendo por supuesto el concepto y principio de la independencia judicial, pero velando porque la misma no se convierta en un instrumento para prostituir más al sistema de justicia en el país. Independencia judicial no quiere decir que se viole sistemáticamente la ley, sino que con la misma se pretende que el juzgador pueda aplicarla correctamente sin presiones externas que vicien el debido proceso. Y es que teóricamente las diferentes instancias están concebidas para corregir errores judiciales pero, como dicen los analistas, en Guatemala se forman tribunales para que cumplan con la función específica de apuntalar la impunidad y muchos abogados saben cuáles son los juzgados y las salas que tienen esa función y dirigen sus casos hacia ellos para lograr el resultado favorable para sus clientes.
Muchas veces en distintas actividades de la vida encontramos esas tenues líneas que dividen el bien y el mal. La independencia judicial es un bien jurídico que se debe tutelar, pero no puede nunca estar sobre la misma justicia y en ese sentido las autoridades judiciales tienen que realizar una supervisión efectiva para ponerle coto a los desmanes reiterados de jueces y magistrados que consistentemente fallan en contra de la justicia y a favor de la impunidad porque con ello se está desmoronando toda la estructura del Estado de Derecho. No se trata de violentar la independencia judicial, pero tampoco de tolerar que en su nombre se violente la justicia pronta y cumplida.