Hospitales, registros civiles, Procuradurí­a General de la Nación, (PGN), Organismo Judicial, notarios, comadronas, mandatarios y «jaladoras», todos ellos han integrado redes de adopción irregular en Guatemala, según un informe presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG).

El informe es el resultado de investigaciones realizadas por la CICIG en los trámites de adopción nacionales e internacionales que se dieron en el periodo llamado «de transición», desde el 31 de diciembre de 2007, cuando entra en vigor de la Ley de Adopciones, hasta procesos que se dieron bajo esta nueva normativa.

Durante las investigaciones se pudieron detectar diversos modus operandi desarrollados por redes ilegales dedicadas a la trata de personas.

Dichas redes están integradas por «jaladoras» o «enganchadoras» encargadas de robar o comprar niños a sus madres biológicas, o en otros casos amenazarlas, coaccionarlas o engañarlas para dar a sus hijos en adopción.

Cuando se falsifican las identidades de los niños robados, estas «jaladoras» recurren a abogados, médicos o comadronas y registradores civiles de las distintas municipalidades, incluso a laboratorios de ADN. Se ha detectado que los abogados involucrados continúan fungiendo como representantes de agencias internacionales de adopción.

LAVADO DE NIí‘OS

En otra modalidad, conocida como «lavado de niños», se presenta ante un Juzgado de la Niñez y la Adolescencia a niños robados haciéndolos pasar por abandonados, esto con el fin de que sean declarados en situación de abandono y así­ iniciar con el proceso de adopción. Esto es posible, ya que los jueces no ordenan mayores investigaciones para determinar la veracidad o no del caso.

Además de los jueces involucrados, se detectó que actores en lo interno de las instituciones del Estado facilitaron adopciones ilegales durante el periodo de transición. Inclusive, en algunos casos funcionarios de la PGN y del Consejo Nacional de Adopciones permitieron la adopción de niños, cuyo origen ilegal era investigado por el Ministerio Público.

Por todo ello, la CICIG recomienda, entre otras cosas, depuración institucional en la PGN, buscar las sanciones para los responsables de estos hechos ilí­citos de manera que no exista impunidad y atacar a las estructuras de adopción como una finalidad de polí­tica criminal.