Los suizos se pronunciarán el domingo sobre un endurecimiento de las expulsiones de extranjeros que hayan cometido delitos, en una votación impulsada por la derecha populista un año después de la que condujo a la prohibición de los minaretes en territorio helvético.
La iniciativa popular fue lanzada en 2007 por el primer partido helvético, la UDC (muy conservador), el mismo que promovió la prohibición de los minaretes, aceptada en noviembre de 2009.
Al mismo tiempo, los suizos deben pronunciarse sobre otra iniciativa cuyo objetivo es establecer un mínimo impositivo los ciudadanos con altos ingresos.
El proyecto de la UDC de retirar el permiso de residencia a los extranjeros culpables de ciertas infracciones en Suiza repite, según el responsable del Partido Socialista (PS) ginebrino René Longet, la «misma temática» de carácter «xenófobo».
En la actualidad ya es posible expulsar a extranjeros responsables de delitos en algunas condiciones pero el nuevo texto va más allá y propone la retirada automática del permiso de residencia si han cometido «violación, delito sexual grave, actos de violencia como el atraco a mano armada», «tráfico de droga» y también «abuso de la ayuda social».
Los partidos políticos estiman que el texto traspasa la línea roja en un país con un 21,7% de extranjeros y, además, viola el derecho internacional.
Denuncian sobre todo que no toma en consideración la proporcionalidad de los delitos y el carácter automático de las expulsiones.
A modo de ejemplo, según el texto, una empleada doméstica extranjera que haga horas extras sin declararlas sería expulsada de Suiza de la misma manera que un violador reincidente, advierte la Oficina Federal de Migraciones.
Amnistía Internacional destaca que podría darse el caso de refugiados «expulsados a países donde serían amenazados de tortura o de pena de muerte». «Es contrario al derecho internacional imperativo e (…) inadmisible. No hay motivo para que un criminal pague dos veces por un mismo delito», según uno de sus responsables, Alain Bovard.
Decidido a evitar una nueva polémica prácticamente un año después del caso de los minaretes, el gobierno lanzó un contraproyecto que toma en cuenta la gravedad de los delitos y que someterá a votación de los suizos.
Tanto para Amnistía como para el PS suizo, este contraproyecto no es más que una versión «light» de la iniciativa de la UDC. Pero, en la opinión del vicepresidente del partido democristiano PDC, Olivier de Buman, tiene el mérito de responder «a los miedos crecientes frente a temas de seguridad».
De hecho, las estadísticas oficiales destacan que las condenas van en aumento desde hace unos años y en ellas se ven involucrados cada vez más extranjeros, responsables del 59% de los homicidios en 2009.
El ministerio de la Justicia y la Policía matiza diciendo que el número de homicidios permanece estable pese al aumento de la población extranjera.
Para el politólogo de la universidad de Ginebra Pascal Sciarini, «la percepción de la inseguridad subió más rápido aún que la realidad», y la UDC lo aprovechó para «desplazar la línea roja cada vez más hacia un polo de derecha dura».
Al final, según el experto, «Suiza se ha vuelto más conservadora, nacionalista (y) quizás más xenófoba que antes».
En este contexto, un sondeo del instituto gfs.bern da como ganador el Sí por un 54% de los sufragios.
De confirmarse este pronóstico, sería un nuevo golpe para la imagen de Suiza en el extranjero, y un dolor de cabeza para el gobierno que tendrá que decidir entre el respeto del derecho internacional y la aplicación de un texto avalado por los ciudadanos.