Sanciones internacionales podrían recaer sobre el país, debido a la falta de transparencia que resulta el no eliminar las acciones al portador ni levantar el secreto bancario. El Congreso podría hacer cumplir esos requerimientos, pero los intereses que se interponen entre la legislación vigente y la transparencia son enormes. Guatemala está a un paso de salir de la lista gris, para definirse como un oscuro «paraíso fiscal».
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Pese a la urgente necesidad de aprobar iniciativas para combatir al crimen organizado y la corrupción, como la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito y de Extinción de Dominio, el Congreso camina a paso lento con esa importante legislación. Se percibe, entonces, una conjunción de circunstancias que también operan para demorar la aprobación de las reformas al Código Tributario, Código de Comercio y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, con el objetivo de eliminar el secreto bancario y las «acciones al portador».
Esto, a pesar de que las propuestas para eliminar esas figuras surgieron de convenios suscritos por el Estado de Guatemala ante el Grupo de Acción Financiera Internacional y del Caribe (GAFIC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para cumplir con estándares de transparencia a nivel internacional.
Actualmente, Guatemala se encuentra en la lista gris que elaboró OCDE, para encasillar a las naciones que no son transparentes ni intercambian información fiscal y financiera con otros países. Está a punto de ser considerada como un paraíso fiscal, lo que supondría severas sanciones financieras y tributarias para las empresas del G20 instaladas en el país.
De acuerdo con Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), tanto el secreto bancario como las acciones al portador, han sido abolidas en todos los países del mundo, a excepción de Guatemala, que es el único país de Latinoamérica que aún las conserva.
En ese sentido, expresó que como país se deben tomar acciones que tiendan a darse las reformas «porque es conveniente y necesario» ya que la OCDE -que es la conglomeración de los países desarrollados- «ha determinado algunos criterios de estándares internacionales en materia de transparencia y entre ellos se requiere que todos los países suscriban acuerdos de intercambio de información entre sus administraciones tributarias».
En este caso la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deberá suscribir antes del mes de junio de 2011 doce acuerdos de intercambio de información tributaria y financiera con igual número de países, pero antes es necesaria la eliminación del secreto bancario para fines tributarios y la eliminación de las acciones al portador. «Para los empresarios, para el Estado y para todos los guatemaltecos es conveniente que de acuerdo propio se logre el consenso, de lo contrario los países miembros de la OCDE nos calificarán como un paraíso fiscal y estaremos sometidos a las sanciones comerciales y financieras que los países miembros de la OCDE estarán imponiendo, limitando nuestras exportaciones, importaciones y líneas de crédito del exterior», indicó Barquín.
LA PROPUESTA
El diputado independiente Aníbal García presentó ante la iniciativa de ley 4178 «Contra el Secreto Bancario y por la Transparencia de las Sociedades» desde marzo de 2010.
En este sentido, García, manifiesta que se tiene un conocimiento errado del fin de la exención del secreto bancario y las acciones al portador, ya que no se pretende una amplitud total de la información, pues ésta se entregará a la SAT solamente con fines tributarios. «El código tributario establece, actualmente, para que la SAT como ente recaudador pueda ingresar o conocer los datos y los informes que obran en poder de las entidades bancarias tiene que hacerse una solicitud a un juez competente para que se autorice la revisión», explica.
De la misma forma, la ley de Bancos y Grupos Financieros también establece esa confidencialidad. El problema es que se tiene una limitación legal, porque existe una normativa en esta ley que impide que incluso la SAT pueda hacer su labor verificadora y corroborar la veracidad de la información.
La propuesta consiste en que debe modificarse el código tributario y se adicione el artículo 30 B y que quede establecido que por medio de la Superintendencia de Bancos (SIB), los bancos, las entidades financieras y las que conforman un grupo financiero están obligados a proporcionar información periódica a la SAT sobre los depósitos o las inversiones de los contribuyentes sujetos a fiscalización siempre que se relacione con asuntos tributarios.
«Lo que hacemos es eliminar la autorización judicial, que es necesaria, para que la SAT pueda tener acceso a las cuentas sin necesidad de pedir autorización a un juez que cuando vea que haya algún caso especial que le llame la atención podrá hacer la revisión respectiva con base a los informes que le proveerá la SIB», indica el diputado.
Carlos Amador, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) considera que en el tema de la eliminación del secreto bancario «es importante un reforzamiento de todo el sistema judicial para poder observar las garantías necesarias en esa línea y hace falta que Guatemala esté en un pleno Estado de derecho».
La recomendación principal que hacen tanto el diputado, como el Presidente del Banguat, es solicitar al Congreso de la República que tome conciencia del papel que le corresponde como legislador y que las reformas deben hacerse en la prontitud, de lo contrario, el país se expone a sanciones internacionales severas. «Guatemala ya no puede legislar a favor de la impunidad, favoreciendo a los mismos de siempre, ya veremos si en verdad existe o no voluntad política», cuestionó el diputado.
Edgar Barquín, presidente del Banco de Guatemala, explica que las acciones al portador benefician a quienes utilizan esa figura legal para disfrazar la procedencia de los fondos que obtienen con negocios de dudosa transparencia.
POR ALEXIS BATRES
ABATRES@LAHORA.COM.GT
La Hora: ¿Qué problema generan las acciones al portador?
Edgar Barquín: Este instrumento pudo haber servido hace cincuenta años. Sin embargo, hoy ya no se justifica de ninguna manera constituir sociedades anónimas con acciones al portador, y lo puedo decir con conocimiento de causa, ya que cuando fui Superintendente de Bancos manejé información de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), con la que se comprobó que un altísimo porcentaje de personas involucradas en actos ilícitos -entiéndase narcoactividad, corrupción, defraudación tributaria, extorsiones- utilizaron sociedades anónimas, donde trataron de esconder la identidad de quien verdaderamente dirige y es el dueño de las operaciones que se realizan; estos instrumentos se prestan para la opacidad, para la no transparencia. Como país ya no podemos vivir en la época de las cavernas si es que queremos realmente incursionar en el concierto de naciones. Tenemos que ser transparentes, no sólo decirlo, sino que hacerlo. El empresario correcto y que actúa éticamente, seguramente no tendrá ningún empacho en constituir su empresa y decir: «yo soy el dueño y las acciones están a mi nombre y opero de acuerdo con las leyes de mi país».
LH: La eliminación del secreto bancario beneficiaría al país, pues dejaría de estar en la lista gris de paraísos fiscales. Sin embargo hay cierta resistencia para cumplir con ese objetivo ¿Cuál podría ser el argumento?
EB: Indudablemente, algunos grupos del sector privado se oponen y tienen razón en sus dudas, si no se les explica adecuadamente las seguridades que esto tendrá. Definitivamente, el uso de la información bancaria debe ser muy responsable y cuidadoso. Los empresarios tienen todo el derecho de requerir toda la información de cuál va a ser el tratamiento de la información bancaria, no sólo a ellos como empresarios sino como a cualquier guatemalteco y conociendo el anteproyecto de ley -el cual propondrá el Organismo Ejecutivo-, creemos que tiene la seguridad necesaria para evitar un mal uso de la información.
LH: Uno de los puntos fundamentales de esta iniciativa, es que la SAT pueda tener información bancaria. ¿Qué sucede actualmente?
EB: Definitivamente el artículo 63 de la Ley de Bancos, indica que los bancos sólo pueden entregar información a la Superintendencia de Bancos (SIB), a la Junta Monetaria y a autoridad competente; en este caso a un tribunal o a quien el tribunal designe. De tal manera que hoy en día, para poder tener la SAT esa información, debe estar dentro de un proceso penal abierto. Lo que se busca con la excepción al secreto bancario es que la SAT dentro de su proceso de revisión y auditoría pueda tener acceso a esa información con las autorizaciones correspondientes y pueda determinar que los impuestos están o no están bien pagados, ya que actualmente, un requerimiento de información dentro de un proceso penal puede llevar de cinco a veinte años, y hace inoperante cualquier cumplimiento de convenio de intercambio de información con otros países. Por esa razón, tal como está ahora regulado no funciona para efecto de los convenios de intercambio de información.
LH: El próximo año es electoral y ello podría obstaculizar cualquier intento de reforma.
EB: Lo que se espera realmente es que el honorable Congreso de la República sea muy responsable con la función que la Constitución le da. En mi calidad de Presidente del Banco Central, solicito al Congreso que en cumplimiento de su función constitucional, puedan conocer y aprobar estas y otras leyes de orden económico que son importantes para el país, independientemente estén o no en un año electoral. Debe de comprenderse que esto es un instrumento de transparencia, y escucharemos sugerencias y recomendaciones cuando estemos en el Congreso. Hay que tratar de obtener una mejor ley; que sea práctica, funcional y aceptable, también para el concierto internacional de naciones, porque de nada nos va a servir sacar una ley, sólo por decir que ya tenemos la eliminación del secreto bancario y que en la práctica no sea operativa.
LH: ¿Alguien podría temer la aprobación de esta propuesta?
EB: Realmente el que actúa transparentemente y de forma ética, no tiene por qué temer absolutamente nada, le pueden iniciar cualquier investigación que tiene los fundamentos para defenderse en cualquier campo, de tal manera que yo estimo que quién se oponga es porque algo teme.
Anibal García
Diputado