El presidente y vicepresidente de la República son los funcionarios electos de mayor jerarquí­a. El Legislativo está integrado por diputados nacionales y distritales electos aplicando el método D´Hondt que garantiza la representación de las mayorí­as y minorí­as. El Organismo Judicial es electo por el Congreso de listados propuestos por las comisiones postuladoras. Esto mismo acontece con el Contralor General de la Nación. En el caso del Fiscal General, es elegido por el presidente de un listado que la comisión postuladora respectiva determinó.

Todo ello se ha establecido para encontrar un balance entre poderes y un respeto a la ciudadaní­a en su soberaní­a y en sus derechos; sin embargo, la historia de nuestro paí­s demuestra que de la teorí­a a la práctica hay sustanciales diferencias.

Los grupos o élites de poder existen, al igual que la intervención o interferencia internacional, especialmente del embajador de los Estados Unidos, grupos que interfieren e imponen sus opiniones, sus intereses, contradiciendo la democracia, la soberaní­a y el poder de gobernantes y gobernados, lo que se comprueba en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Esta afirmación es evidente, lo comprueban hechos que recientemente se han producido.

La aplicación de la ley de forma independiente, objetiva e imparcial aquí­ es un mito. Como dijera en su momento Jorge Lamport Rodil, la ley se aplica de tres formas: blanda para mis amigos, neutral para los desconocidos y durí­sima para mis enemigos. La comprobación del poder de las élites es el Banco Empresarial, donde un conocido grupo de amigos de la cúpula económica, dirigentes y ex presidentes de las cámaras se prestaron y apropiaron de Q534 millones, hasta la fecha no se toca el tema. Pasarán los años sin que estos recursos se recobren y sin que alguien de los directivos y socios fundadores tengan que preocuparse de ser detenidos o condenados por su proceder.

Lo mismo sucede con los recientes casos de Pavón, Parlacen y el Infiernito. Las probabilidades que las personas que sindicara la CICIG sean extraditadas de los paí­ses donde residen son nulas, por cuanto la élite económica del paí­s los protege, los defiende y los continuará subvencionando para que las probabilidades que sean llevados a juicio sean nulas.

Si en Guatemala se efectuara una encuesta a nivel nacional, con una amplia muestra, ¿qué responderí­a la mayorí­a de los encuestados? Que el presidente, el vicepresidente y el Gabinete de Ministros son los que toman las decisiones en seguridad, salud, infraestructura, servicios sociales, en recaudación de impuestos, en salarios. Lo más probable es que la respuesta serí­a No, algo deciden al respecto; sin embargo, la historia fiscal del paí­s, a través de todos los gobiernos, comprueba que  los impuestos directos son rechazados por las élites o supercúpula económica representada en la agroindustria y en la industria, son ellos los que al respecto deciden y permanentemente se oponen al aumento de la carga tributaria.

Por el contrario, como a su debido tiempo lo vivirá el actual gobierno, a los funcionarios y diputados que no les obedezcan y hagan los mandados serán llevados a los tribunales, a las cárceles y rompiendo los principios de inocencia y debido proceso, serán condenados de una u otra forma para que así­ se sepa que nadie debe tocar a las élites de poder o dejar de hacer los mandados que Estados Unidos ordena sin importar la soberaní­a y el Estado de Derecho.