No se necesita ser gurú económico, ni traer a Nouriel Roubini a Guatemala, para advertir que el mercado persa que se observa en el escenario político anticipa una «bomba fiscal», al estilo de la que en los años ochenta se denominó como «bomba monetaria». Y es que la imparable ola de demandas de gasto, en anticipado período electoral, sin la mínima prudencia financiera, no hace sino pensar en el advenimiento de ajustes fuertes que vendrán más temprano que tarde, pues la utopía de la reforma tributaria no tiene, ni por asomo, alguna avenida feliz hoy en día.
Se presentó al Congreso un presupuesto de Q52,959 millones, que tenía como condición, por lo menos la Ley Antievasión, de la que nadie habla en estos momentos. En el primer dictamen congresil, se encuentran Q700 millones más como producto de futuras regalías del petróleo, sin embargo el presupuesto, a estos momentos, se expande en Q1,431 millones. Y aquí llama la atención cómo, por arte de magia, se aumentan Q513 millones en concepto de presupuesto de servicio de la deuda pública sin que aún se aclare su destino, que pareciera no estar ubicado en más pago de deuda pública, sino en gastos aún no especificados.
Y como para preocupar a cualquiera, el desfile de demandas continúa, encabezado por el rector de la universidad estatal, por los jubilados de la inexistente Guatel, por los propios aumentos al presupuesto del Congreso y de la Procuraduría de los Derechos Humanos que de paso ya se recetaron su presupuesto 2011. En la fila se observan las incontables demandas agrarias, siendo además que la propia Comisión de Finanzas le recorta Q200 millones al presupuesto de Agricultura (inaudito ¿no lo cree usted?).
El surrealismo de la petición desorbitada y sin calidad de gastos de funcionamiento se expresa incluso en las declaraciones de un diputado que ofrece dotarle de Q100 millones de nuevo al Ministerio Público para pagar una sempiterna demanda por cuentas impagas, a pesar de que en el año 2010 se incorporó en la cifra de Q4,500 millones de bonos una partida millonaria para dicho ente, aparte de su asignación ordinaria. ¡Digno para Ripley, no lo cree usted!
Es evidente que el festín financiado con la onerosa tarjeta de crédito del gobierno y los sobregiros de la chequera pública continúa. Mientras tanto, la deuda se observa imparable, vislumbrándose la evidencia que, aparte de proyectos de arrastre y los forzosos proyectos impostergables de la reconstrucción, los proyectos tipo PACUR no se detendrán, tal y como lo anuncian los medios con el tradicional reposicionamiento de los desgastados caciques del área metropolitana, que de nuevo cambian de camisola y anuncian su preparación y disposición para la próxima contienda electoral que anticipa las mismas caras.
Y mientras tanto, el actor tras bambalinas, la comunidad financiera internacional, se encuentra en plena observación, y los miembros de la sociedad civil estupefactos ante el escenario opaco y poco comprendido. Las ilusiones monetarias y la falta de conciencia hacia el más mínimo decoro a las ineluctables leyes económicas reinan por doquier. Para los políticos criollos, las vicisitudes de Rodríguez Zapatero o de los mandatarios griegos están muy lejanas como para impedir que la desbocada parranda chapina continúe, pues en su imaginario avestruciano los «efectos tequila» están para otros. Qué razón tenía Joaquín Estefanía al titular su libro «Aquí no puede ocurrir».