«Que luchen, que les cueste, que demuestren que son capaces de ocupar esos cargos. Que lleguen si están preparadas, al fin y al cabo nos encontramos en un Estado de derecho. La misma Constitución de la República establece que todos somos iguales en dignidad y derechos. Ni modo que sólo por tener falda les van a dar una diputación». ¿Así­ o más feo?

Argumentos falaces como estos son utilizados por los detractores de las iniciativas que pretenden establecer medidas de acción afirmativa a favor de un incremento en la participación polí­tica de las mujeres. Como suele suceder, se escudan bajo el argumento de la igualdad para esconder las enormes brechas que separan a la población guatemalteca. ¡Y vaya si no se han establecido desigualdades a partir del sexo!

Podrí­amos decir que quien nace con pene está bendecido por nuestra sociedad. El hombre tiene el camino más fácil para llegar a ocupar los principales puestos de decisión polí­tica. Las mujeres, históricamente relegadas al espacio privado para que nos cocinen, nos planchen, nos laven los platos y la ropa y para que nos peguen los botones, se convierten en unas «cualquieras» si se atreven a pasar el umbral exterior de la casa.

Estigmatizadas por una sociedad que se place en ver a presidentes, diputados, gobernadores, alcaldes, sí­ndicos, concejales y cuanto hombre pueda caber en la foto, las mujeres también se deben enfrentar a una serie de obstáculos que les impiden ser ellas, junto con nosotros, quienes se ocupen de la administración pública. Ahí­ van, por ejemplo, las preguntas «Â¿qué pensarí­an sus hijos si llegara a ser presidenta?» o «Â¿qué le va a decir su marido si llega a ser alcaldesa?». Así­, la cosa se queda entre hombres.

La imposición del poder masculino se refleja en los principales espacios polí­ticos de nuestro paí­s. Los datos numéricos no dejan de hablar: de 158 diputaciones, únicamente 20 son ocupadas por mujeres; ni una sola mujer ocupa el cargo de ministra en el Gabinete de Gobierno de ílvaro Colom; finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala está en manos de 13 magistrados, de los cuales sólo una es mujer.

Pueden decir que no importa, que al fin y al cabo los hombres sí­ que pueden representar y legislar a favor de las necesidades de la población en su conjunto. Lamentablemente de esta capacidad no han hecho gala los señores diputados. Si no, recordemos que fueron las mujeres dentro del Congreso quienes emprendieron el esfuerzo por aprobar dos normativas que atañen principalmente al cuerpo de las mujeres: la Ley contra el Femicidio y la Ley de Acceso Universal y Equitativo a los Servicios de Planificación Familiar.

La pregunta, entonces, es obligada: ¿Vivimos en una democracia real cuando el 51% de la población, que son las mujeres, no están representadas en los principales espacios de decisión? A partir de esta discusión, y con la intención de iniciar un diálogo entre jóvenes sobre la necesidad de lograr una participación equitativa entre hombres y mujeres, se realizó el «Foro Interuniversitario ¿Dónde están las mujeres?», por parte de la iniciativa Más Mujeres, Mejor Polí­tica. Experiencia grata, por demás, sobre todo porque estudiantes universitarios compartieron su apreciación sobre la situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres dentro de nuestro sistema polí­tico y electoral.

No hubo miedo a identificar a nuestra sociedad como patriarcal y como excluyente contra las mujeres. No hubo empacho por decir que lo que se necesita en este momento, para mejorar nuestra democracia, aún cuando los mismos hombres están conformando un batallón de mujeres «buenas» contra la mujer «mala», es transformar la manera en que nos organizamos para elegir a nuestros representantes.