Dos operativos de rescate que liberaron a más de cien ciudadanos de Centro y Sudamérica muestran que secuestros y abusos a migrantes siguen siendo frecuentes en México, pese a medidas anunciadas tras la matanza en agosto de 72 extranjeros indocumentados.
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En la mayor de las operaciones, 106 inmigrantes indocumentados de Honduras, Guatemala y El Salvador, entre ellos 33 menores, fueron rescatados en una finca bananera donde eran obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en el estado mexicano de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.
Los migrantes debían realizar tareas en un cultivo para poder obtener su libertad, según declaró una joven de 17 años que alertó a las autoridades de las condiciones de explotación del grupo, indicó la fiscalía.
Según fuentes policiales, entre las familias guatemaltecas se encontraban al menos tres recién nacidos y varios menores de edad, quienes también realizaban trabajos forzados en un ambiente de precariedad.
El pasado martes, la Procuraduría de Chiapas informó de otra operación en la que se detuvo a los dueños de dos bares en la localidad de Comitán, donde seis mujeres de Guatemala y Honduras -de entre 16 y 22 años- eran forzadas a prostituirse.
En tanto en el Estado de Tamaulipas, donde ocurrió la masacre de agosto, fueron rescatadas 10 personas -entre ellos cuatro colombianos, dos salvadoreños y un ecuatoriano- que habían sido secuestrados, al parecer, por policías.
INVESTIGACIí“N
La semana pasada durante un foro mundial sobre migración organizado por la ONU, en Puerto Vallarta, oeste de México, el presidente Felipe Calderón se comprometió a dar pronto resultados de la investigación sobre la matanza de Tamaulipas, de la cual un sobreviviente acusó al grupo narcotraficante Los Zetas.
Otros miembros del gobierno celebraron durante el mismo evento la puesta en marcha de planes para impedir secuestros de migrantes y darles protección a su paso por México.
Pero estas medidas no parecen estar dando los resultados esperados por el gobierno, según señala Guadalupe Balboa, congresista electa por el opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Balboa, quien la semana pasada recorrió la frontera con Guatemala, dijo que los asaltos, secuestros, violaciones y explotación laboral siguen siendo una constante en la ruta que siguen los migrantes para cumplir su objetivo de llegar a Estados Unidos.
La política señaló que en su recorrido pudo constatar que «continúan los abusos de la delincuencia, de grupos locales y algunas autoridades de gobierno, principalmente contra las mujeres migrantes.»
Alberto Xicoténcatl, director del refugio Belén Posada del Migrante, de Saltillo, dijo que tras la masacre de agosto el gobierno no ha mejorado la seguridad en las rutas «sino que ha incrementado los retenes migratorios, que, además, actúan con violencia» contra los migrantes.
SIN RESPUESTAS
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) consideró a finales de octubre que, según un estimativo de la oficial Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta 20 mil migrantes pueden ser secuestrados en México cada año para cobrar rescate a sus familias en sus países de origen o en Estados Unidos.
El problema radica, según Mauro Verzeletti, de la Pastoral de Movilidad Humana, en que los Estados de Centroamérica y México no atienden el problema de la migración de una manera integral, debido a que el tema no se encuentra a la cabeza de la agenda política.
«Realmente no hay planteamiento serio en materia de política migratoria, que dé luces sobre un plan para regular y ordenar la movilidad de las personas en la región, a pesar de que la falta de control se está convirtiendo en un verdadero problema de seguridad para la población», señala.
Se calcula que medio millón de migrantes, principalmente de Centro y Sudamérica pero también de países africanos y asiáticos, ingresan cada año a México para tratar de llegar a Estados Unidos.
Según Verzeletti, la presión de las comunidades de Centro y Sudamérica, para que aborden el problema migratorio, es la única solución que se vislumbra ante el problema de la migración en la región. «Si no se hace algo continuarán los secuestros y extorsiones en México y no sería ya sorprendente que se repitan historias, como la masacre en la que murieron más de diez guatemaltecos».