En conferencia de prensa, Railroad Development Corporation (RDC) informó que el dí­a de hoy presentó un aviso de intención para plantear un juicio de arbitraje en contra de la República de Guatemala, de conformidad con las normas del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos (CAFTA). RDC emprendió esta acción en nombre propio y en representación de su compañí­a afiliada en Guatemala: Ferroví­as Guatemala.

Henry Posner III, Presidente de los Consejos de Administración de RDC y Ferroví­as Guatemala, expresó: «Las recientes acciones por parte del Gobierno de Guatemala han llegado a convertirse en una expropiación indirecta de los activos de nuestra compañí­a y en una interferencia directa a los derechos contractuales de la misma. Asimismo, creemos que tales acciones fueron tomadas por encargo de empresas privadas guatemaltecas, interesadas en determinados activos que forman parte del usufructo (concesión a 50 años) que ganamos por licitación pública en 1997. No tenemos más opción que buscar una solución al conflicto en el ámbito internacional, pues está claro que el sistema legal de Guatemala continuará siendo manipulado en nuestra contra. El CAFTA pretende promover la inversión del sector privado a través de brindar protección a los inversionistas internacionales, y es esa protección la que nosotros estamos pidiendo ahora».

Parece ser que la acción emprendida por RDC es la primera que solicita utilizar el sistema de resolución de conflictos entre inversionista y el Estado de acuerdo con el Capí­tulo 10 del CAFTA. En agosto de 2006, luego que el CAFTA entrara en vigor, el Gobierno de Guatemala emitió un acuerdo gubernativo para declarar la lesividad de la privatización del sistema ferroviario nacional por ser contraria a los intereses del Estado. A partir de entonces, Ferroví­as Guatemala ha sufrido pérdidas graves a causa de la imposibilidad de obtener crédito, la negativa de los clientes del transporte de carga a negociar con una empresa privada que está siendo atacada por el Gobierno de Guatemala, y la imposibilidad de obtener ingresos por otros negocios relacionados con el ferrocarril, como el arrendamiento de las instalaciones de las estaciones en áreas urbanas y el derecho de ví­a que conecta centros urbanos para actividades como la distribución de energí­a eléctrica.

«Como un primer ejemplo de lo que lograrí­a el sector privado al rehabilitar un sistema ferroviario nacional en total abandono, el contrato de usufructo fue estructurado de manera tal que podrí­an percibirse ingresos provenientes de negocios secundarios como el arrendamiento y así­ financiar la infraestructura ferroviaria principal. El incumplimiento por parte del Gobierno de Guatemala de dar un trato justo a Ferroví­as Guatemala y sus inversionistas, tal y como el CAFTA lo requiere, ha menoscabado a tal grado nuestra capacidad de operar y cumplir nuestros objetivos que constituye una expropiación indirecta de los activos de la compañí­a y su derecho de generar ingresos», comentó Robert A. Pietrandrea, Presidente de RDC.

Con esta acción, RDC ha emprendido un proceso que le permitirá plantear sus demandas a través del arbitraje, después de 3 meses de espera. Mientras tanto, RDC ha señalado su intención de confrontar «la cultura de corrupción y negación» a la que se refirió en su comunicado de prensa del pasado agosto de 2006, luego que se emitiera la Declaración de Lesividad.

«Al emprender esta acción dejamos clara nuestra intención de invertir considerables recursos financieros en este proceso de resolución de conflictos, no obstante las grandes pérdidas operativas que estamos sufriendo actualmente. Hemos contratado el mejor equipo legal que existe, tanto en Guatemala como en la arena internacional. La firma Dí­az-Durán