La liberación de la dirigente opositora Aung San Suu Kyi generó esperanza en Birmania, pero los analistas afirman que la junta militar que gobierna el país no está en absoluto debilitada y que la «Dama» de Rangún ya dejó de ser una amenaza para quienes detentan el poder.
Los resultados de las elecciones legislativas del pasado 7 de noviembre, criticadas por los países occidentales, se están por dar a conocer, pero el partido progubernamental USDP, creado por la junta militar, ya afirmó haber conquistado 80% de las bancas.
En este contexto, Aung San Suu Kyi, no logrará impedir que el régimen siga adelante con su proyecto de «democracia disciplinada» lanzado en 2003, afirman analistas.
Tampoco logrará impedir que los militares sigan teniendo el poder en el país. Así, la cámara baja iniciará a fin de año su mandato de cinco años. Posteriormente, ocurrirá lo mismo con la cámara alta, tras lo cual se designará a un presidente y a un gobierno.
De ese modo, los mismos oficiales, ya sin medallas ni uniformes, seguirán dirigiendo el país.
«El nuevo Parlamento estará controlado por los militares y sus aliados», estima Aung Naing Oo, un analista birmano exiliado en Tailandia.
Para él, la premio Nóbel de la Paz recientemente liberada no logrará evitarlo. De no haber sido así, los militares «no la hubieran liberado», agrega.
«Todavía estamos en plena euforia, pero después (Aung San Suu Kyi) dificilmente logre unir a una oposición dividida cultural e ideológicamente», afirma por su parte Renaud Egreteau, de la Universidad de Hong Kong.
La estrategia que adoptará la dirigente opositora aún se desconoce, pero muchas son las expectativas que carga sobre sus hombros Aung San Suu Kyi, una mujer de 65 años de complexión delgada pero con un aguante psicológico a toda prueba.
«La democracia es la libertad de expresión», declaró la premio Nóbel de la Paz el domingo. «Necesito la energía del pueblo (…). Quiero oír la voz del pueblo y, luego, decidiremos lo que queremos hacer», dijo.
«Hasta ahora, siempre trató de ir más allá de la línea roja que le fijaba el régimen», estima el politólogo Egreteau. «Esta vez, quizás la realidad la lleve a evitar un enfrentamiento directo, al menos en un primer momento», añade.
Una vez más, se corre el riesgo de que crezca la tensión entre esta dirigente gandhiana no violenta y carismática y los dirigentes militares que gobiernan el país desde hace medio siglo y prevén seguir haciéndolo.
En Rangún, pese a la euforia, la población, que ya presenció dos liberaciones de Aung San Suu Kyi, en 1995 y 2002, sigue teniendo miedo.
«Su liberación en 2002 culminó con un verdadero desperdicio político y hay que evitar que algo así vuelva a ocurrir», indica Egreteau.
La dirigente prodemocracia Aung San Suu Kyi comenzó el lunes a trabajar para revivir su movimiento político tras ser liberada y consultó a sus abogados sobre cómo lograr que el desmembrado partido vuelva a ser declarado legal.
Suu Kyi, de 65 años, recuperó la libertad el fin de semana luego de siete años y medio de detención domiciliaria. Ante miles de simpatizantes que se reunieron en las oficinas de su Liga Nacional por la Democracia, dijo el domingo que continuaría luchando por los derechos humanos y el imperio de la ley en la nación controlada por militares.
No obstante, en una entrevista con la cadena británica BBC, Suu Kyi dijo el lunes que no buscaba el derrocamiento del régimen militar.
«Quiero ver al ejército llegar a alturas decorosas de profesionalismo y verdadero patriotismo», manifestó.
Aunque está oficialmente disuelto, su partido ha seguido operando. Como no tiene reconocimiento legal, es vulnerable a sanciones del gobierno.
La junta militar organizó recientemente las primeras elecciones en 20 años y liberó a Suu Kyi una semana después. Luego de estos avances hacia la democracia tras cinco décadas de régimen militar, es poco probable que haga más concesiones, como restaurar el estatus legal del partido de Suu Kyi, sin obtener algo a cambio.
Nyan Win, abogado y vocero del partido, dijo que la Corte Suprema de Mianmar realizará una audiencia para decidir si acepta el argumento de Suu Kyi acerca de que la disolución de su partido «no fue acorde a la ley». El partido fue desmantelado este año según una nueva ley, porque no se registró para las elecciones del 7 de noviembre.
La agrupación afirma que la Comisión Electoral no tiene derecho a retirar el registro de un partido que se registró ante otro cuerpo en 1990.