La represión y agresiones contra defensores de los derechos humanos se acentuó en 2006 en todo el planeta en medio de una gran impunidad y se agravó especialmente en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, convertido en el país más peligroso del mundo para estos trabajadores sociales.
Las agresiones contra estas personas llegaron a 1.306 el año pasado en los 90 países contabilizados, según un informe publicado hoy en París por el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OPDDH).
El récord absoluto lo tiene Colombia con un total de 217 agresiones, entre las cuales hubo 30 asesinatos o intentos de asesinatos, 122 amenazas de muerte y 35 episodios de acoso.
Este Observatorio, que fue creado en 1997 por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), registró un total de 1.172 casos en 2005 y 1.154 en 2004.
En total, Latinoamérica registró en 2006 un total de 437 agresiones contra defensores de derechos humanos, entre las cuales hubo 55 asesinatos o intentos de asesinato.
Además de Colombia, la organización destaca también el aumento de las agresiones contra defensores de derechos humanos en Guatemala, con 46 casos, México con 41, Cuba con 26 o Ecuador con 23.
«Defender los derechos humanos es una actividad de alto riesgo en Latinoamérica y el objetivo de los autores de estas agresiones es aumentar el miedo y desalentar a quienes defienden los derechos humanos», explicó el Observatorio en su informe.
Asesinatos, represalias, desapariciones forzadas, acosos o torturas se repartieron en 2006 en todos los países del subcontinente, según el texto, en el que se subraya que las cifras reales podrían ser mucho más graves ya que el informe se basa únicamente en las informaciones recibidas.
El informe cita el caso de una joven abogada mexicana, Yesica Sánchez Maya, presidenta de la Liga de defensa de derechos humanos en Oaxaca (sur), quien «lucha para defender los derechos de las comunidades indígenas y crea problemas al régimen establecido pese a las amenazas, difamaciones y órdenes de detención en su contra».
El Observatorio denuncia además que en Perú, Venezuela y otros Estados que consideran la sociedad civil independiente «como una amenaza» se usa la ley como instrumento de represión y se impulsan «nuevas normas destinadas a restringir la libertad de asociación, expresión y reunión».
Fuera de Latinoamérica, la situación es también especialmente grave en Nepal (103 agresiones), China (74), Uzbekistán (46), Irán (44), República Democrática del Congo (38), Filipinas (37), Rusia (35), Zimbabue (36), Vietnam (32) o Sudán (24).
«Salvo en raras excepciones, la impunidad es la norma en las investigaciones sobre ataques contra defensores de los derechos humanos», lamenta el informe, que subraya que paralelamente, hubo en 2006 71 penas de cárcel pronunciadas contra defensores de los derechos humanos.
El Observatorio cita el caso de la periodista rusa Anna Politkovskaya, quien «denunció abiertamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en Chechenia» y fue acribillada el 7 de octubre de 2006 en Moscú en un asesinato todavía sin aclarar.
«Queda mucho por hacer, como muestra este informe, que pone de manifiesto la tendencia a criminalizar el trabajo de los defensores de los derechos humanos o a limitar de forma abusiva sus actividades», declara en el prefacio del informe el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan.