La ley que reforma el sistema de jubilación en Francia al elevar la edad mínima de 60 a 62 años y poner fin a un «símbolo» de los años 80, fue promulgada por el presidente conservador francés Nicolas Sarkozy y publicada el miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
La promulgación tuvo lugar el martes horas después de que el Consejo Constitucional, al que había recurrido el opositor Partido Socialista, validara el texto legislativo aprobado definitivamente el 27 de octubre por el Parlamento, controlado por la Unión para una Mayoría Popular (UMP, derecha).
«Con esta ley hemos salvado nuestro régimen de jubilaciones», afirmó el miércoles el presidente francés en una declaración ante el consejo semanal de ministros que fue divulgada públicamente.
Según el mandatario francés, cuyo gobierno defendió la reforma en la necesidad de cubrir el déficit del sistema de jubilación que en 2018 ascenderá a 44.000 millones de euros (61.000 millones de dólares), «a partir de ahora, los franceses están asegurados de que podrán contar con su jubilación».
La oposición de izquierda, los sindicatos y expertos afirman que gran parte de la reforma será financiada gracias al aumento de la edad de la jubilación.
El otro punto clave de la reforma, también validado por el Consejo Constitucional se refiere al aumento de 65 a 67 años de la edad para cobrar una jubilación completa.
Considerada la reforma más importante de la presidencia de Sarkozy, que sin embargo durante la campaña electoral de 2007 había asegurado que no tocaría la edad de la jubilación, la iniciativa, que el gobierno también justificó en el aumento de la esperanza de vida, provocó una vasta movilización sindical.
Respaldados por más del 70% de los franceses que la consideran «injusta», los sindicatos franceses efectuaron ocho jornadas nacionales de manifestaciones y huelga contra la reforma, sacando a las calles hasta 3,5 millones de personas, cifra que el gobierno redujo a 1,2 millones en el mejor momento.
La CGT, primer sindicato francés, que junto a otras centrales obreras convocó a una jornada de protesta y manifestaciones para el 23 de noviembre, llamó a «proseguir la lucha» contra esta reforma.
La dirigente socialista Martine Aubry criticó el miércoles la «brutalidad» de Sarkozy al promulgar la ley horas después de su validación.
«El presidente piensa que al avanzar con la cabeza gacha sin escuchar a nadie, muestra su valentía», sostuvo Aubry. «Es la continuidad de la brutalidad», afirmó.
Sarkozy, que prácticamente está iniciando su campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2012 se mantuvo inflexible frente a una reforma que considera «indispensable».
«He escuchado las preocupaciones expresadas durante los debates. Tengo plena conciencia de que es una reforma difícil, pero es mi deber y el del gobierno, llevarla a término», sostuvo Sarkozy ante sus ministros.
La promulgación de la ley significa también el inicio de otro capítulo en la vida política de Francia, con una inminente remodelación ministerial que Sarkozy anunció en junio pasado y que desde entonces tiene al actual gabinete y a la UMP en vilo.
Fuentes gubernamentales y partidarias indicaron que la remodelación ministerial será anunciada el lunes o martes cuando Sarkozy vuelva de Seúl donde asumirá la presidencia del G20, que reúne a las economías desarrolladas y emergentes.
Según diversos analistas, Sarkozy mantendrá a su primer ministro, Franí§ois Fillon, pero se desprenderá del ministro de Trabajo, Eric Woerth, involucrado en un escándalo político-fiscal en relación a la heredera del emporio L»Oreal.