La verdad es que ambos argumentos son falaces y responsables de que el paí­s se enfrasque en una discusión que al final de cuentas es bizantina. Porque negar la existencia de corrupción simplemente porque en un paí­s caracterizado por la impunidad no hay procesos judiciales por actos administrativos anómalos es querer tapar el sol con un dedo, como también lo es la negativa del empresariado a discutir seriamente una reforma fiscal que permita al Estado disponer de los recursos necesarios para enfrentar el rezago social.

Yo creo que tanto el Gobierno como los empresarios se aferran a discursos vací­os que no hacen sino imposibilitar la búsqueda de grandes consensos nacionales que nos permitan ver hacia adelante con la esperanza de construir un paí­s incluyente, generador de oportunidades y que supere graví­simos problemas como el de la desnutrición crónica que afecta a casi la mitad de los niños guatemaltecos y que es una tara graví­sima que ha de pesar sobre la sociedad durante años. En el fondo unos y otros no buscan sino la mejor tajada del pastel, pero no tienen visión de paí­s ni interés por salir de esa situación que se refleja de manera dramática en los indicadores de nuestro desarrollo humano.

Ocurre que ambos tienen parte de razón pero en vez de usar esa ventaja para construir, únicamente se le usa para destruir el argumento contrario. Efectivamente somos un paí­s corrupto y es cí­nico que el Gobierno diga que como no hay procesos en la fiscalí­a por delitos de corrupción podemos presumir de transparentes, porque todo mundo sabe cómo es que se cuecen las habas y los altí­simos niveles de impunidad que caracterizan a Guatemala. El que un presidente no quiera destituir a un viceministro que llegó siendo personero de un contratista del Estado no quiere decir que el caso sea ejemplar y edificante, ni siquiera que sea apegado a derecho, puesto que simplemente es el reflejo del cinismo que caracteriza el ejercicio de la función pública. Que no tengamos leyes de enriquecimiento ilí­cito y por lo tanto ese acto inmoral no sea tipificado como delito en la legislación guatemalteca no quiere decir que en Guatemala no tengamos pí­caros que se alzan con el dinero del pueblo y que cada cuatro años surja una nueva casta de millonarios con fortunas amasadas en el ejercicio del poder.

Pero tampoco es válido el argumento de que como todo se lo roban no hay que pagar impuestos, porque lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad ciudadana para demandar rendición de cuentas y el castigo a los corruptos. Resulta, desde luego, más cómodo no sólo dejar que exista la corrupción como argumento para no pagar impuestos, sino además ser parte de ella al obtener jugoso contratos con el Estado que se negocian no sólo bajo la mesa sino muchas veces a las claras desde el mismo momento en que se participa en el financiamiento de la actividad polí­tica.

En otras palabras, los argumentos que usan unos y otros son falsos y tienen el efecto de impedir la búsqueda de acuerdos. Si el gobierno admite que hay problemas administrativos de transparencia y se compromete a mejorarlos y los empresarios admiten que el Estado requiere de más recursos para ser eficiente, podrí­amos hablar del inicio de un consenso que anteponga los intereses del paí­s, pero ese tipo de acuerdos está, definitivamente, extremadamente lejano.