Es indiscutible que en nuestro país hay preocupación respecto de la pena de muerte que los Tribunales de Justicia imponen, al agotarse todas las instancias, a reos de horrendos crímenes, pero también esa preocupación se marca en relación con la «pena de muerte» a la que condenan a cada rato, sin vacilación alguna y haciendo gala de impunidad, los facinerosos contra hombres, mujeres y niños, como es del conocimiento de la sociedad.
Antes de seguir adelante, a título de premisa declaramos que somos de opinión contraria a la aplicación de la pena capital de parte del Estado y, a la vez, repudiamos las rachas macabras que están a la orden del día, atribuibles a las gavillas que vienen haciendo de las suyas y de las de todos los demonios a ciencia y paciencia de la autoridad constituida y de la población que no reacciona como lo demandan las circunstancias.
Entes nacionales e internacionales que dicen defender los famosos derechos humanos, a ratos convertidos en muchos casos en inhumanos, viven abogando por la abolición de la pena de muerte en la mayoría de países del mundo; pero, claro está, ellos desconocen la idiosincrasia de los pueblos, al menos la de los más. Estamos seguros, más que seguros, de que si sufrieran en carne propia o si la madre, el padre, un hermano, un hijo o cualquier otro ser querido, los ramalazos de la criminalidad, no estarían clamando por el abolicionismo de tipo patibulario.
Las entidades «humanistas» de referencia, si tienen el ombligo pegado estatalmente, pues… es explicable que aboguen por la supresión de la pena capital que tanto les preocupa como haciendo «ojo pache»…, pues, se entiende, están prendados del jugoso sueldito que reciben mensualmente a lo largo de las jornadas…
La Asamblea General de las Naciones Unidas puso su «OK», hace algunos años, por mayoría de votos, a una resolución referente a la que se dio en llamar «moratoria» a la pena del cuento en todo el mundo, sin poner los pies en la tierra de cada nación cuya realidad se dejó de soslayo.
En esta Guatemala de la Asunción, el grueso de la población está pidiendo a gritos estentóreos que se dé efectividad sin mayores cabildeos ni ceremonias a la pena de muerte, ya sea mediante el fusilamiento, la horca o la inyección letal, y esas voces de todo un conglomerado social deberían merecer atención sin excusas o pretextos.
En China, la chinona comunista, no se andan con tanto expedienteo inútil como aquí y como en otras latitudes para ajusticiar a los funestos individuos que se entregan a la comisión de hechos criminales y delictivos en general, que ponen los pelos de punta de la gente honrada. Incluso a los que meten uñas en las arcas estatales para hacerse de pocos billetes (no como aquí que las garfadas son archimillonarias) los ponen a pendulearse con la soga al cuello…
Bueno, no sólo en los extensos dominios del «camarada» Hu Jintao y compañeros de acciones se despacha al otro patio -sin llenar tantos cartapeles ni hacer muchos ruidos- a los delincuentes de toda calaña, sino también en Irán, Libia, Yemen, Bangladesh, Tailandia, Irak, Corea del Norte, Arabia Saudita, Siria, Vietnam, Sudán, Cuba, etcétera.
No faltan las ejecuciones, en los cadalsos, por cuestiones político-ideológicas, lo cual es verdaderamente inadmisible y abominable.
La práctica patibularia es, realmente, indeseable, brutal, pero aun cuando no la justifiquen en no pocas partes del globo terráqueo, tiene explicación, al menos, entre los diversos sectores sociales que llegan al hartazgo, a la indignación absoluta, cuando se produce una danza macabra, por demás sangrienta, que provoca estados de gran peligrosidad, con toda su secuela de inseguridad, para las personas y sus bienes patrimoniales, como acontece en este «alegre» suelo centroamericano…
Es de parar mientes en el hecho de que, a pesar de los pesares, se esté dejando de lado lo preceptuado por la Constitución de la República y, asimismo, se estén como ignorando las sentencias condenatorias de los Tribunales de Justicia sin acatar los mandatos constitucionales ni dar cumplimiento a los veredictos del Organismo Judicial, porque eso es suscitar problemas que afectan lamentablemente la eficaz administración de justicia en estos tiempos en los que cada día que pasa asistimos a una interminable orgía de sangre y de muerte que enluta a innúmeras familias…
Conviene rescindir un convenio estimulante de las atrocidades de los anarquistas, sin ley y sin Dios, que fue signado sin previa consulta popular en San José, Costa Rica, en los días del reinado de político-partidistas responsables de situaciones desastrosas que tienen en tenebrosa encrucijada al país.