Protestas registradas hoy en las afueras del opositor Congreso de Ecuador protagonizadas por manifestantes que apoyan al gobierno socialista dejaron varios contusos, incluido el destituido diputado Edison Chávez, quien denunció haber sido agredido por la Policía.
Los enfrentamientos se produjeron cuando un grupo de los 57 legisladores cesados hace una semana por la corte electoral abandonó el Parlamento debido a que su titular, Jorge Cevallos, constató la falta de quórum para instalar una sesión que debía analizar la crisis política desatada por una pugna de poderes.
Chávez, vicepresidente del Parlamento y quien mostraba un parche sobre su ojo izquierdo, dijo que fue «agredido brutalmente» por los uniformados y que sufrió una quemadura de córnea, sin precisar qué pasó en el forcejeo con los manifestantes oficialistas que bloquearon su paso.
El congresista Hugo Romero también apareció en el hemiciclo con una contractura en la columna vertebral por una posible caída en un confuso incidente, mientras que el concejal Augusto González -que apoya a la coalición parlamentaria de derecha- fue atacado por manifestantes oficialistas.
Gente con banderas del Movimiento Popular Democrático (MPD, izquierda) -que apoya la instalación de una Constituyente- y de Alianza País -que llevó a Rafael Correa a la presidencia- se enfrentó con simpatizantes de los cesados parlamentarios que habían ingresado al hemiciclo en medio de empellones con la Policía, que desde el jueves mantiene acordonado el Congreso.
Los manifestantes de ambos bandos se agredieron con pedradas, astas y cinturones, sin que la Policía reporte detenidos.
Unas 400 personas que apoyan al gobierno de Correa se instalaron en los alrededores del Legislativo para exigir la renuncia de sus miembros.
Ecuador enfrenta una crisis política generada por una pugna entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el proceso de la Constituyente, que impulsa Correa para que redacte una nueva Carta Magna.
El 6 de marzo la mayoría opositora resolvió «sustituir» al titular del TSE, Jorge Acosta, por convocar para el 15 de abril una consulta popular que definirá la instalación de la Constituyente con un estatuto propuesto por el jefe de Estado y que no fuera aprobado por el Congreso.
En represalia, el organismo presidido por Acosta -que se considera la máxima autoridad en tiempo electoral- decidió al siguiente día destituir a los 57 diputados que lo «sustituyeron» y que presentaron una demanda contra la convocatoria a plebiscito ante el Tribunal Constitucional (TC).
El estatuto de Correa deja abierta la posibilidad de que la Constituyente con plenas facultades disuelva el Congreso y destituya al Gobierno.