La reforma migratoria integral que ansían organizaciones hispanas en Estados Unidos luce más lejos que nunca tras la victoria republicana, cuyos líderes en el Congreso se destacan por su hostilidad hacia ella.
Tras los comicios del martes los republicanos son la nueva mayoría en la Cámara de Representantes (239 de 435 escaños) y están a corta distancia de los demócratas en el Senado (46 frente a 52, con dos escaños pendientes de adjudicación).
En la Cámara de Representantes duerme en comisiones legislativas una propuesta presentada hace casi un año por el demócrata Luis Gutiérrez (Illinois), mientras que en el Senado dos demócratas Robert Menéndez (Nueva Jersey) y Patrick Leahy (Vermont) introdujeron su texto hace dos meses.
Ninguno de esos proyectos tiene posibilidades de ser examinado como tales, reconocen analistas y fuentes legislativas.
Son propuestas integrales, de gran calado, que implicarían un camino para la legalización de millones de indocumentados, un sistema nuevo de cuotas para extranjeros y amplias reformas en el sector educativo o laboral.
El líder de la corta mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, reelecto in extremis en su estado de Nevada gracias al apoyo hispano, prometió durante su campaña que volverá a intentar presentar un proyecto de ley conocido como Dream Act, que abriría un camino a la legalización a estudiantes.
Ese proyecto fue elaborado hace en 2006 por demócratas y republicanos, y sigue dando tumbos en el Congreso.
Reid quiere presentar esa modesta propuesta migratoria en la sesión conocida como «lame duck», del Congreso saliente, que arranca el 15 de noviembre hasta final de año, y en la que los senadores que abandonan el cargo tienen teóricamente poco que perder.
Pero esa sesión tiene una cargada agenda, con el tratado de desarme nuclear START o una árida discusión sobre recortes de impuestos que amenaza con largas sesiones de debate.
El senador republicano Orrin Hatch (Utah) fue uno de los introductores del Dream Act hace cuatro años.
«El senador Hatch cree que necesitamos centrarnos en asegurar las fronteras y en arreglar nuestro sistema migratorio, que está roto, antes de meternos en otras tareas», explicó una de sus portavoces, Antonia Ferrier, en un correo electrónico enviado a la AFP.
Hatch, Lindsey Graham (Carolina del Sur) y otros republicanos firmaron una carta colectiva el pasado 20 de octubre que pedía a la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, que detallara cuánto costaría aplicar al pie de la letra la ley para detener a todos los indocumentados en el país.
La oleada ultraconservadora que llega al Congreso no facilitará el debate sosegado en torno a la reforma migratoria, y las organizaciones progresistas utilizan también un tono de advertencia.
«De la misma manera que los votantes hispanos sirvieron de cortafuegos para los senadores demócratas, esperamos y deseamos que ellos nos servirán de cortafuegos», advirtió Frank Sharry, director ejecutivo de la organización Voz de América, el jueves en rueda de prensa telefónica.
Las expectativas son más sombrías si cabe en la Cámara de Representantes, donde los republicanos asumirán a partir del día 15 la jefatura del Comité Judicial y su subcomisión de Migración.
El representante Lamar Smith, de Texas, probable nuevo jefe del Comité Judicial, promovió una ley en 2005 para enmendar la Constitución y prohibir la ciudadanía automática por haber nacido en Estados Unidos.
Algunos observadores no pierden la esperanza a pesar de todo.
«En un Congreso donde un partido tiene la supermayoría o casi, no hay incentivos para el compromiso. Pero eso dejará de ser cierto en el 112º Congreso: poco o casi nada pasará sin compromiso», explicó Tamar Jacoby, presidenta de la organización ImmigrationWorks USA.