Esta venta fue efectuada por Iberdrola y consocios quienes, hace pocos años, al privatizarse la EEGSA por parte del Gobierno de Guatemala adquirieron este porcentaje por US$520 millones. Como los números lo evidencian, los vendedores obtuvieron un beneficio neto de US$115 millones a lo que se le debe de adicionar que todos los años que fueron accionistas mayoritarios siempre Empresa Eléctrica les reportó utilidades netas significativas que en los últimos seis años promediaron más de US$250 millones promedio por año, haciendo su actividad comercial sumamente rentable.

Qué lástima que la adquisición de ese 80% de las acciones no se haya hecho por inversionistas guatemaltecos o por una mezcla de inversionistas privados y de entidades autónomas como por ejemplo el IGSS, que no sólo cuenta con suficientes recursos en el fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, sino que además la rentabilidad que obtiene es bají­sima a comparación de lo que hubieran sido las utilidades netas que le hubieran producido una inversión en la compra de parte o la totalidad de dichas acciones.

De cierta manera se repite lo que se produjo en la privatización. El Gobierno de la época vendió Guatel y gracias a un conocido chanfle al final la compró el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Qué bueno serí­a preguntarle a cuánto venderí­a sus acciones hoy dí­a y cuál es la utilidad neta que ha obtenido cada año. Lo mismo ha acontecido con el servicio de energí­a eléctrica y lo mismo acontecerí­a con cualquier otro servicio público  que vendan por cuanto actualmente no podemos vivir sin teléfono, sin luz y sin agua. Tampoco podemos vivir sin ví­as de comunicación y por ello la autopista entre Palí­n y Escuintla sigue dando un chorro de utilidades.

A ello se debe que los inversionistas guatemaltecos y las entidades autónomas deberí­an de buscar invertir mejor y así­, de forma indirecta, trasladar esas utilidades netas a favor de los millones de millones de guatemaltecos que podrí­an beneficiarse de un capitalismo popular que buena falta les hace a la mayorí­a de ciudadanos que no logran salir de la falta de mejoras de renta per cápita en esta Guatemala y en Centroamérica donde sólo unos pocos obtienen multimillonarias ganancias.

Otro aspecto, habrí­a que preguntarle a la Superintendencia de Administración Tributaria cómo va a lograr que la venta del 80 por ciento de las acciones que pertenecí­an a Iberdrola y compañeros paguen impuestos sobre ese diferencial del precio de compra de US$520 millones versus US$635 millones o será que no serán capaces de gravar esas utilidades.

Será interesante comprobar si ya no siendo dueños Iberdrola y asociados de ese 80 por ciento de acciones continuará su pretensión ante los tribunales nacionales, ante la Corte de Constitucionalidad y ante autoridades internacionales para que se le compense por la decisión de no autorizarle la Comisión Nacional de Energí­a Eléctrica aumentar el valor agregado de distribución que ellos pretendí­an subir. Recordemos que esa demanda implica otros US$672 millones a favor de Iberdrola y consocios.